La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, ha anunciado que el ayuntamiento consignará judicialmente más de 8,7 millones de euros para indemnizar a los propietarios de La Fabriquilla por la pérdida de su derecho a urbanizar y construir un residencial en el parque natural de Cabo de Gata. Sin embargo, ha señalado que el ayuntamiento seguirá haciendo alegaciones en el incidente planteado para aclarar quiénes son los verdaderos propietarios y quiénes pueden acceder al dinero público consignado. Pérez ha asegurado que el ayuntamiento seguirá defendiendo sus intereses y los de la Junta de Andalucía, también propietaria del terreno.
En la sesión ordinaria de este jueves, el pleno aprobó formalizar la adhesión al Fondo de Impulso Económico para pagar una sentencia ejecutada después de haber recibido un préstamo en febrero. También se aprobó una modificación de créditos por 8.797.029,93 euros debido a que no hay suficiente crédito en el presente ejercicio y es necesario hacer este gasto sin demora. La alcaldesa informó que durante el proceso se han sumado 17 propietarios más a los cuatro iniciales y se esperan otros diez. Por lo tanto, el Ayuntamiento presentará un "incidente de propiedad" y seguirá haciendo alegaciones hasta que se aclare quiénes son los propietarios.
El Ayuntamiento ha anunciado que para acceder a la consignación, es necesario demostrar la propiedad de la finca. El alcalde Pérez ha advertido que solo aquellos que puedan acreditar su propiedad podrán recibir el pago. Además, se ha mencionado la existencia de dobles inmatriculaciones entre las fincas afectadas, lo que podría retrasar la resolución hasta 14 años. La alcaldesa ha dejado claro que el ayuntamiento es parte interesada y defenderá los derechos correspondientes, incluso si esto implica recurrir. Los puntos han sido aprobados con los votos a favor del PSOE, la abstención de PP y Podemos, y los votos en contra de Vox.
El Ayuntamiento ya ha pagado el 10% de la indemnización, que equivale a 870.000 euros, con fondos propios para evitar la generación de intereses. Además, presentó un plan de pagos que fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los informes técnicos municipales indicaron que asumir el pago de los 8,7 millones de euros sin recurrir al Fondo de Impulso Económico podría poner en riesgo el funcionamiento diario de la administración local nijareña. La tasación pericial del terreno determinó que la cantidad a indemnizar es de 8.797.029,93 euros, lo que incluye conceptos como daño moral y se considera suficiente para resarcir el perjuicio a los propietarios.
El Ayuntamiento intentó apelar sin éxito una resolución que ejecuta una sentencia del Supremo de 1997. La sentencia obliga a catalogar como suelo urbanizable los terrenos en la normativa municipal después de que se reconociera "la imposibilidad" de desarrollar el proyecto.
El auto recuerda que en 2008 el Ayuntamiento de Níjar tuvo que denegar la aprobación del Plan Parcial debido a que la Junta andaluza había aprobado un nuevo plan de ordenación del parque natural de Cabo de Gata, donde se incluía La Fabriquilla como zona "sujeta a protección y regulación especial por su diversidad biológica y paisajística", lo que hacía imposible su desarrollo.
Según la ejecutoria, la indemnización se debe a un cambio en el plan de uso del suelo por parte de la administración. Además, se indica que el Ayuntamiento es responsable de impedir la ejecución completa de la sentencia al obstaculizar el desarrollo urbanístico del terreno.
El ayuntamiento ha afirmado que la Junta también es responsable de la indemnización por la suspensión de licencias en 1993, ya que fue a petición de la Comisión Provincial de Urbanismo. Además, se destacó que el otorgamiento de licencias para construir en terrenos no urbanizables no tiene nada que ver con la administración actual y se considera que los propietarios han excedido el plazo para solicitar una posible indemnización.
Se destacó que, al implementar la regulación andaluza del parque natural Cabo de Gata en 2008, el área de la Fabriquilla "no tenía el plan parcial necesario aprobado y se había excedido el plazo máximo establecido en el plan general". Se señaló que los promotores fueron negligentes y que la falta de aprobación solo puede atribuirse a ellos debido a los defectos que presentaba.
El TSJA determinó que los terrenos en cuestión debieron ser clasificados como suelo apto para urbanizar y se habían previsto las condiciones para su desarrollo. Se aprobó inicialmente el Plan Parcial de ordenación del sector en febrero de 2028, pero la nueva norma ambiental en Cabo de Gata-Níjar entró en vigor en junio y se denegó su aprobación provisional. Según el TSJA, los problemas relativos al abastecimiento o depuración de aguas o suministro de energía no fueron suficientes para imputar la inejecución del planeamiento a los titulares de los terrenos, ya que estos problemas no impidieron la aprobación inicial del Plan Parcial. Las vicisitudes de los procedimientos e incidentes tramitados en relación a los terrenos tuvieron una indudable trascendencia casual en la ejecución de lo ordenado.