Siete miembros de una red fueron condenados por la Audiencia Provincial de Almería a penas de hasta ocho años y cinco meses de prisión, además de multas millonarias. Tres agentes de la Guardia Civil se infiltraron en la red, cuyos integrantes intentaron introducir más de 4.700 kilos de hachís en España a través del mar en abril de 2021.
La sentencia puede ser apelada, pero muestra cómo los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se infiltraron en una red de narcotráfico. En septiembre de 2020, los agentes descubrieron que los miembros de la trama estaban buscando colaboradores para introducir una gran cantidad de drogas por el sur del país, y ahí comenzó la tarea.
La organización contaba con varios miembros que tenían diferentes funciones. Uno de los agentes contactó con el encargado de reclutar colaboradores para llevar a cabo un plan de obtener una gran cantidad de droga proveniente de Marruecos. Durante un encuentro en Valencia, el hombre reveló al agente las necesidades de la organización, incluyendo la necesidad de una embarcación que pudiera recibir la droga en alta mar y llevarla a las costas españolas. Este hombre fue finalmente condenado a siete años y cuatro meses de cárcel.
En colaboración con la Fiscalía Antidroga de Almería y el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, se permitió que tres agentes encubiertos interactuaran con una organización para llevar a cabo la transferencia de fardos de hachís en un punto determinado en el mar y su posterior descarga en tierra firme. La sentencia judicial condenó a los acusados por pertenecer a una organización criminal y por delitos contra la salud pública. M.L.M. fue identificado como líder de la banda y tenía dos acusados más bajo su mando para funciones organizativas junto con otro acusado que se encargaba de reclutar más personal. Además, había una red secundaria de delegados y comisionados que ejecutaban órdenes.
Los acusados confiaron en los agentes y les encargaron la recogida de varios fardos de hachís a bordo de un pesquero. Los agentes siguieron órdenes precisas para actuar y lograron incautar 155 fardos de hachís, que les fueron entregados por ocho personas en dos lanchas rápidas. El líder de la banda sospechó que sus subordinados habían sustraído la droga y se presentó en casa de los agentes en Marbella con otro hombre, quien golpeó a uno de ellos por no dar información sobre la mercancía.
Al día siguiente, el líder de la organización ordenó a dos hombres y a su hijo menor de edad que fueran a Conil de la Frontera (Cádiz) para recoger 20 fardos de los 155 incautados por los agentes encubiertos. Los implicados pagaron 192.000 euros por la droga y fueron detenidos en el mismo lugar. Además, se realizaron registros en varias viviendas ubicadas en diferentes puntos de la Costa del Sol. La sustancia incautada resultó ser resina de cannabis con un peso neto de 4.756,4 kilos, valorada en más de 9,4 millones de euros en el mercado negro. Cabe destacar que uno de los implicados es menor de edad y está siendo procesado por la Fiscalía de Menores.
La sentencia de 50 páginas respalda la actuación de los agentes encubiertos y la idoneidad de los métodos utilizados en la investigación. También confirma la competencia de las autoridades judiciales para autorizar ciertas acciones en respuesta a las alegaciones de las defensas. La sala de la Sección Segunda rechaza las afirmaciones de las defensas sobre que los agentes encubiertos actuaron como "agentes provocadores" al incitar y facilitar la comisión del delito.
El tribunal ha determinado que los autores de un delito tenían intención propia de cometerlo, mientras que la actividad policial fue meramente investigadora y consecuencial a la conducta de los investigados. Los agentes encubiertos no fueron los que iniciaron las conversaciones para la operación, sino al revés. El objetivo de los agentes era investigar y controlar el delito, no llevar a cabo su comisión, ya que esta ya estaba predefinida. A pesar de que los agentes encubiertos participaron en la actividad de tráfico de drogas, habilitados por la Fiscalía y el Juzgado, esto no significa que se tratara de un delito provocado. Incluso algunos acusados afirmaron sentirse presionados por unos agentes corruptos, pero la sala sostiene lo contrario.