El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido abrir una pieza separada para resolver si acepta o no la recusación de una de las magistradas encargadas de ejecutar la sentencia que declara no urbanizable el suelo donde se levanta el hotel de Azata en El Algarrobico, en Carboneras (Almería). La recusación fue presentada por la asociación Salvemos Mojácar, que alega que la magistrada actuó junto al abogado del Ayuntamiento en una sentencia anterior contraria a sus intereses.
La sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA ha señalado en una diligencia de ordenación que la magistrada recusada es la ponente del caso y que no acepta inhibirse para “acordar lo que proceda”, según ha informado Europa Press. La decisión sobre la recusación se tomará en una pieza separada, sin que se haya fijado aún una fecha para ello.
Salvemos Mojácar solicita que se nombre a un nuevo ponente para ejecutar el fallo que obliga al consistorio a calificar El Algarrobico como zona de “especial protección” y por el que está apercibido desde hace casi un año con multa coercitiva y denuncia ante el Ministerio Fiscal el alcalde en funciones de Carboneras, José Luis Amérigo (PSOE).
La asociación conservacionista argumenta que la magistrada dictó en 2014 una sentencia favorable al hotel de Azata al estimar que el suelo era zona ‘D’ o área urbanizable según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Además, remarca que lo hizo junto a un exmagistrado del TSJA y ahora “letrado del Ayuntamiento”.
Sostiene que la citada sentencia es “opuesta” a la que ahora está ejecutando como ponente y que califica El Algarrobico como no urbanizable dado su valor medioambiental, por lo que su presencia supondría vulnerar su derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.
La organización también apunta como causa de recusación que la magistrada “tiene un interés directo e indirecto en el pleito” ya que en su día acordó que “los terrenos eran urbanizables” y dictó una resolución “contraria” a sus “intereses”. Concluye, asimismo, para pedir su apartamiento del caso que ya tenía un previo “conocimiento del objeto del pleito” que ahora está ejecutando como ponente y que, por tanto, “se había formado un criterio muy concreto”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya remitió en abril una queja al TSJA por “inacción” respecto a la ejecución de las sentencias firmes sobre El Algarrobico. Sin embargo, rechazó la adopción de medidas al considerar que afectarían a la “función jurisdiccional” de los magistrados en sus “decisiones procesales”.
Los últimos hitos en la ejecución de una de las sentencias referentes al hotel de Azata es que Greenpeace ha advertido al TSJA de que la declasificación del suelo que se aprobó en el pleno de Carboneras el pasado 26 de abril “es nula”, mientras que la sala dio un ultimátum al alcalde bajo el apercibimiento de multas coercitivas de 700 euros cada 20 días y denuncia al Ministerio Fiscal por un presunto delito de desobediencia, si bien los primeros avisos se remontan a julio de 2022.
El caso Algarrobico sigue abierto tras más de una década de litigios y movilizaciones sociales.