Por presuntas irregularidades cometidas en la contratación y ejecución de la obra del Paseo Marítimo de Carboneras, el anterior equipo de gobierno del PSOE está siendo investigado por un juzgado de Vera. La denuncia fue presentada por Ciudadanos (Cs), quien proporcionó informes técnicos municipales que demostrarían el uso de materiales más baratos y de peor calidad que los establecidos en el proyecto.
La querella sostiene que podrían haberse cometido presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a ente público. Se otorgó una subvención de más de 472.000 euros por parte de la Junta de Andalucía para la obra, la cual fue adjudicada a una única empresa que se comprometió a ejecutarla en 60 días, pero tardó 204. Además, el contrato sufrió un modificado al alza sin justificación de casi 95.500 euros.
Mostrando fotografías, Ciudadanos, que ahora forma parte del equipo de gobierno carbonero gracias a un pacto con el PP, evidenció el estado "deplorable" que presenta el Paseo Marítimo tras la obra. El concejal Salvador Hernández criticó que el ayuntamiento "no hizo bien las cosas al recibir la subvención" y señaló que el acta de recepción de las obras "no contiene la firma de ningún técnico municipal". Además, destacó que la empresa que realizó la actuación "no contaba con ninguno de los cuatro diseños de baldosa" que se habían recogido en el proyecto técnico.
Según los informes técnicos "de los que tenía conocimiento", la querella precisa que el ex alcalde José Luis Amérigo (PSOE) habría colocado las obras a un precio "muy inferior al que realmente debían haber sido". Además, se concluye que no se respetó el proyecto constructivo del técnico ni la memoria de calidades, y se pagaron baldosas a un precio superior a su valor real. Todo esto habría constituido una distracción de dinero, lo cual podría ser considerado como presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a ente público.
Durante una conferencia de prensa, Salvador Hernández, quien anteriormente fue candidato de Ciudadanos a la Alcaldía y ahora es concejal en el equipo de gobierno carbonero gracias a un acuerdo con el PP, presentó fotografías que demostrarían el estado "deplorable" del Paseo Marítimo después de la realización de la obra bajo sospecha.
El ayuntamiento, desde el principio, no hizo bien las cosas al recibir la subvención de la Junta. Además, se destaca que la licitación para la obra se sacó deprisa y corriendo debido a la finalización del plazo de justificación de dicha ayuda.
"De forma curiosa, una sola empresa se presentó, prometiendo completar el proyecto en 60 días, lo cual ya es bastante inusual", explicó. Además, mencionó que las obras iniciaron el 1 de septiembre de 2021 y concluyeron el 23 de marzo de 2022, "204 días después".
"Un modificado al alza y sin justificación alguna de casi 95.500 euros sufrió el contrato una vez adjudicado", señaló Hernández. Además, destacó que en el acta de recepción de estas obras "no se encuentra la firma de ningún técnico municipal", únicamente la del interventor y el alcalde.
Hernández hizo hincapié en que la empresa encargada de ejecutar la obra "no tenía ninguno de los cuatro diseños de baldosas recogidos" en el proyecto técnico. "Tenemos informes del técnico municipal que supervisó este proyecto, los cuales hemos presentado al juzgado, que indican que esta empresa no cumplía con las garantías requeridas e incluso se le había penalizado con una valoración negativa de doce puntos", concluyó Hernández.
Se destaca en la querella, que cuenta con 24 documentos adjuntos, que el presunto delito de malversación sería el "incumplimiento" de las exigencias contempladas en el pliego de prescripciones técnicas al realizar obras por las cuales se ha pagado "a un precio muy superior a su valor real". Por otro lado, se sostiene que haber incurrido en supuesta prevaricación implicaría la colaboración y autorización del alcalde, del concejal de Urbanismo y Obras Públicas, así como del concejal de Hacienda para ordenar el pago.
"Finaliza diciendo que, a sabiendas de su injusticia y de la ilegalidad de su pago, lo hicieron sin solicitar un informe técnico sobre la calidad de los materiales y su precio real. El objetivo era asegurarse de que el ayuntamiento pagara las cantidades correctas por el material colocado y no perjudicar a la administración local. Como resultado, se ha distraído dinero público injustificadamente."