Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat que huyó a Bélgica tras el fracasado intento de secesión de Cataluña en 2017, ha vuelto a poner sobre la mesa sus exigencias para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y lo ha hecho tras la visita obsequiosa de la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar (¿en funciones?) Yolanda Díaz. Entre ellas, se encuentran la amnistía para los presos del “procés”, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, el fin de la “represión judicial” contra el independentismo y reconocimiento de la validez del referendum ilegal del 1-O o convocatoria de uno nuevo pactado y con observadores internacionales. Además, ha advertido de que si el PSOE no acepta estas condiciones, en España habrá que ir a nuevas elecciones.
¿Qué pretende Puigdemont con este ultimátum? ¿De verdad cree que Sánchez va a ceder a sus demandas, que supondrían romper con la Constitución y con el Estado de derecho... o acaso lo que busca es provocar un bloqueo político que le beneficie a él y a su partido, Junts per Catalunya (JxCat)?
Es complicadísimo entrar en la cabeza de alguien como Puigdemont, un redomado cobarde que no fue capaz de asumir sus responsabilidades como hizo Oriol Junqueras y otros líderes del “procés” y huyó a Bélgica en el maletero de un coche. Pero quizás se pueda intuir su estrategia si se analiza el contexto político actual.
Por un lado, Puigdemont sabe que su influencia en Cataluña se ha debilitado desde que él está en Waterloo y que ERC le arrebató la presidencia de la Generalitat a JxCat tras las elecciones autonómicas. El actual presidente catalán, Pere Aragonès, ha optado por una vía más pragmática y dialogante con el Gobierno central, lo que ha generado fricciones con su socio de coalición. Puigdemont, desde su exilio dorado en un palacete, intenta mantener el pulso al Estado y alentar la confrontación, pero cada vez tenía menos capacidad de decisión... hasta que llegó el 23J.
Por otro lado, Puigdemont también es consciente de que su partido perdió escaños en el Congreso de los Diputados en las últimas elecciones generales, al igual que ERC. Esto significa que su peso específico en la política estatal se ha reducido, y que tienen menos margen de negociación con el PSOE, porque también es ERC quien ha sido más pactista.
Ante este panorama, Puigdemont podría estar buscando una oportunidad para recuperar terreno tanto en Cataluña como en España. Una forma de hacerlo sería forzar unas nuevas elecciones generales, en las que podría presentarse como el único defensor del proyecto independentista frente al “inmovilismo” del PSOE y al “entreguismo” de ERC. Así, podría aspirar a aumentar su representación parlamentaria y a erosionar la de sus rivales.
No sería la primera vez que Puigdemont juega con el fuego electoral. Ya lo hizo en 2017, cuando convocó unas elecciones anticipadas tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, confiaba en obtener una mayoría absoluta del independentismo que le permitiera revalidar su cargo. Sin embargo, el resultado fue una victoria ajustada de Ciudadanos, que le obligó a pactar con ERC y la CUP para mantener el poder.
Puigdemont debería dejar de poner en riesgo la estabilidad política del país -incluso si me apuran, y usando su lenguaje, "países", en referencia a Cataluña y España- por intereses personales. Sus exigencias para pactar la investidura de Sánchez son irrealizables e irresponsables y ensoñaciones colectivas.
Su frase final de que o aceptan eso, o en España habrá que ir a nuevas elecciones, puede revelar que prefiere un bloqueo y unas nuevas elecciones, pero esa es una apuesta muy arriesgada, tanto para él como para los suyos.