Israel tiene derecho a defenderse de los ataques indiscriminados de Hamas, que lanzan cohetes contra su territorio desde Gaza. Pero también tiene la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y evitar las víctimas civiles. La respuesta militar israelí ha sido desproporcionada y ha causado un daño irreparable a la infraestructura y a la vida de los gazatíes. Además, Israel ha ignorado los llamamientos al diálogo y a la moderación de sus aliados, como Estados Unidos o la Unión Europea, y ha anunciado su intención de invadir Gaza por tierra.
Hamas, por su parte, no es un interlocutor válido para la paz. Se trata de una organización terrorista que no reconoce la existencia de Israel y que busca su destrucción. Hamas utiliza a los civiles como escudos humanos y como moneda de cambio. Prueba de ello son los más de 200 rehenes israelíes que mantiene secuestrados en Gaza, a los que amenaza con matar o canjear por presos palestinos. Hamas también ha rechazado las propuestas de alto el fuego y ha seguido provocando a Israel con sus cohetes.
La solución al conflicto no pasa por la guerra, sino por la negociación. Es necesario que ambas partes renuncien a la violencia y se sienten a dialogar sobre la base de las resoluciones de la ONU, que establecen dos Estados soberanos y democráticos: Israel y Palestina. Para ello, se requiere el apoyo activo y coordinado de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, que tiene una gran influencia sobre Israel, y de los países árabes moderados, que pueden presionar a Hamas.
España, como país amigo de Israel y Palestina, y como futura presidencia de turno de la UE, debe jugar un papel constructivo en este proceso. Sin embargo, el gobierno español ha mostrado una falta de coherencia y de firmeza en su posición. Por un lado, el presidente Sánchez ha expresado su solidaridad con Israel y su condena al terrorismo de Hamas. La otra parte del gobierno, o más concretamente Podemos, ha criticado duramente a Israel y ha equiparado su actuación con la del apartheid sudafricano. Esta división interna ha provocado una fuerte reacción de la embajada israelí en España, que ha acusado al gobierno español de ser “cómplice del terrorismo”.
España no puede permitirse el lujo de perder credibilidad ante sus socios europeos y ante los actores del conflicto. Debe adoptar una postura clara y unificada, basada en el respeto al derecho internacional, a los derechos humanos y a las aspiraciones legítimas de ambos pueblos. Solo así podrá contribuir a la búsqueda de una paz justa y duradera en Oriente Medio.