La subdirectora general de Programación y Coordinación de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, María Isabel Aguilar Pastor, ha firmado la resolución por la que se acuerda someter a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y el "Proyecto de balsa de regulación en Alto Almanzora para Aguas del Almanzora, S.A. (Almería)". En el documento consultado por Noticias de Almería, se indica que la subdirectora actúa "por delegación de la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal Díaz, en virtud de la resolución de 5 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se delegan competencias en los órganos directivos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".
Sin embargo, no se especifica el motivo por el que la directora general no ha firmado la resolución, ni se hace referencia a las “especiales circunstancias que concurren transitoriamente en el seno de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria” que se mencionan en el preámbulo de la misma. Esta situación ha generado dudas y especulaciones sobre el estado y el futuro de la directora general, que lleva en el cargo desde febrero de 2020, y que ha sido una de las personas de confianza del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, desde el inicio de la legislatura. En la actualidad, la directora sigue siendo la misma.
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria es el órgano responsable de la planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo rural, innovación y formación agroalimentaria, así como de la gestión de los programas de desarrollo rural cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Entre sus funciones, también se encuentran la promoción de la innovación y la digitalización en el sector agroalimentario, la dinamización del medio rural, el fomento de los regadíos, los caminos naturales y las infraestructuras rurales, y la cooperación con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias.