En el inicio de un nuevo año, el Gobierno central ha comunicado un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que oscilará entre el 3% y el 4% con respecto al valor actual. Esta noticia, sin embargo, ha generado inquietud en el sector agrario, ya que, al igual que en años anteriores, la medida se ha decidido sin llegar a un acuerdo con los representantes del campo.
En los últimos cinco años, el SMI ha experimentado un incremento del 51,16%, generando preocupaciones en organizaciones como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Almería (ASAJA-Almería). Según Adoración Blanque, Presidenta de ASAJA-Almería, estas subidas sin previa negociación perjudican gravemente la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
"Ya son cinco años continuados en los que el Gobierno nos impone subidas en los costes sociales de las explotaciones, sin tener en cuenta las características específicas que diferencian al sector agrario del resto de actividades económicas", señala Blanque.
La nueva subida del SMI hará que los costes sociales en cultivos como el tomate en invernadero representen el 44% del total, afectando directamente a la rentabilidad de los agricultores. Tras dos campañas con aumentos significativos en los costes de producción, se prevé que esta medida contribuirá a un aumento en los precios para los consumidores o a una reducción de la rentabilidad para los agricultores.
Desde ASAJA-Almería expresan su preocupación acerca de cómo la subida del SMI, junto con el aumento de los costes por despido, impactará negativamente en la contratación de mano de obra en el sector agrícola. Además, temen que los agricultores opten por cultivos que requieran menos mano de obra, lo que podría desestabilizar la oferta en el mercado de frutas y hortalizas.
"Es preocupante ver cómo año tras año desciende el consumo en hogares de frutas y hortalizas, siendo su precio en destino uno de los factores determinantes para que esto siga ocurriendo", agrega Adoración Blanque.
ASAJA-Almería aboga por el diálogo social entre patronal y sindicatos como método para fijar los salarios en el campo, en contraposición a la actual situación en la que la fijación de los precios de la mano de obra se realiza mediante Reales Decretos.