Ahí está, desafiante, como un gigante de hormigón que se empeña en no desaparecer. Hablamos del famoso y monstruoso hotel no-nato que se alza en el Parque Natural de Cabo de Gata, a cuyos pies descansa la pintoresca playa del Algarrobico. Este coloso, que ha sido el protagonista de más dramas que una telenovela, vuelve a la palestra tras la confirmación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que planea su demolición... como por cierto, ya se anunció hace un lustro. Y no es que el presidente sea un entusiasta de la demolición, simplemente está siguiendo el cumplimiento de una sentencia. Pero claro, derribar este titán no es cosa solo de la administración autonómica, también la central tiene su papel en este drama, ya que entre ambas deben rascarse el bolsillo para pagar la operación y además indemnizar a la promotora Azata.
¿Y por qué tanta indignación? Pues resulta que la empresa en cuestión obtuvo los permisos legales bajo circunstancias más turbias que un pantano. Según algunas sentencias, alguien –y aquí podríamos empezar a repartir culpas con el dedo índice– manipuló la planimetría del Parque Natural para hacer creer que esos terrenos eran urbanizables cuando en realidad eran protegidos. Pero claro, quién fue el genio detrás de esta jugada maestra, si hubo sobornos de por medio, o si fue simplemente una maniobra para beneficiar a unos pocos, son preguntas que, al parecer, nadie quiere responder. Ni partidos políticos ni administraciones están dispuestos a hurgar en la herida y descubrir los culpables.
Pero aquí viene la joya de la corona: para que la licencia de construcción se diera desde el Ayuntamiento, alguien tuvo que poner su firma. Y, como por arte de magia, ese alguien sigue siendo tan anónimo como la identidad de Superman, ya me entienden.
Es decir, gracias al movimiento ecologista, que ha peleado con uñas y dientes para evitar que este engendro llegue a funcionar, hemos descubierto un entramado corrupto tras bambalinas. Sin embargo, esa parte de la historia se mantiene en la penumbra, sin investigaciones ni voluntad política para sacar a la luz a los verdaderos delincuentes de este delito.
La indignación crece al comprender que nuestros impuestos, los sufridos contribuyentes, van a costear la demolición de un hotel ilegal, la regeneración de los terrenos, y la indemnización a la promotora que lo erigió. ¡Vaya negocio! Aquí todos han ganado, menos nosotros, que nos quedamos con la factura. Si el hotel hubiera llegado a abrir sus puertas, la destrucción de un lugar protegido estaría consumada, pero al menos habría generado algunos puestos de trabajo (con mano de obra escasa y barata, y los beneficios económicos volando fuera de Andalucía). En cambio, con el hotel cerrado, nos enfrentamos a la pérdida de esos puestos de trabajo precarios, sumada a la factura de la indemnización, la demolición y la regeneración del entorno.
Nos encontramos ante un caso en el que todos miran para otro lado, donde la corrupción se esconde bajo la alfombra y los responsables se camuflan bajo las aguas de la playa, aguantando la respiración para que no se les vea.
Es hora de que alguien, ya sea autonómico o central, se ponga las pilas y saque a la luz la verdad detrás del Algarrobico. Porque no podemos permitir que la ciudadanía pague el precio de la incompetencia y la falta de transparencia. Eso, sin duda, tiene delito.