Durante su visita a la ciudad de Almería, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, expresaron su preocupación y rechazo a las cesiones fiscales realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes, destacando los posibles perjuicios para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Antonio Sanz lamentó las concesiones realizadas por el Gobierno central a Junts per Catalunya, indicando que se cederán competencias en materias migratorias y fiscales. En sus declaraciones, Sanz criticó la idea de enfrentar a comunidades autónomas en relación con las balanzas fiscales, argumentando que los impuestos son pagados por los ciudadanos, no por los territorios.
"Nos parece que es una barbaridad, ¿no? Porque los impuestos no los pagan los territorios, los impuestos los pagan los ciudadanos y, por tanto, pretender enfrentar a unas comunidades a otras en relación con las balanzas fiscales", expresó Sanz. Además, destacó que la decisión del Gobierno de otorgar a Cataluña una excepcionalidad fiscal podría generar agravios y desigualdades en la financiación de las comunidades autónomas.
Por su parte, Ramón Fernández-Pacheco lamentó que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, no haya asegurado durante su visita a Andalucía una financiación autonómica justa. Criticó la falta de compromiso con los andaluces y expresó la necesidad de una financiación que permita prestar servicios públicos de manera adecuada. "Andalucía no se va a conformar con las migajas de lo que quede tras su negociación con los partidos independentistas. Andalucía necesita una financiación justa que nos permita prestar los servicios públicos de manera correcta y es por lo que va a seguir luchando la Junta de Andalucía y el presidente Juanma Moreno", afirmó Fernández-Pacheco.
Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación en la región respecto a las negociaciones del Gobierno central con partidos independentistas y las posibles implicaciones para la equidad en la financiación autonómica.