La persistente sequía que afecta a la provincia de Almería ha encendido las alarmas sobre posibles restricciones en el abastecimiento de agua. Aunque actualmente el suministro está garantizado gracias a las desaladoras existentes, la construcción de una nueva en la zona del Levante ha desatado un enfrentamiento político entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central.
Ante la creciente preocupación por las consecuencias de la sequía, la Junta de Andalucía ha solicitado con urgencia 5 hectómetros cúbicos para el río Almanzora. Este pedido se vincula con la puesta en marcha de la desaladora de Palomares, que quedó destruida durante las inundaciones de 2012. Además, se exige una mayor celeridad en la construcción de la nueva desaladora para la zona del Levante.
José María Martín, subdelegado del Gobierno Central en Almería, ha señalado que, hasta la fecha, la Junta de Andalucía no ha enviado al Ministerio de Transición Ecológica la disponibilidad de terreno necesario. A pesar del compromiso del Gobierno de España de invertir 100 millones de euros en una nueva desaladora en Almería, Martín subraya que cada entidad debe cumplir con sus responsabilidades.
Por su parte, Arancha Martín, delegada del Gobierno andaluz en Almería, ha defendido el compromiso de la Junta con las desaladoras del Levante y de La Axarquía. Argumenta que se han proporcionado los terrenos comprometidos y se está aportando toda la documentación necesaria. No obstante, destaca que la construcción de estas infraestructuras, especialmente en tiempo récord, presenta desafíos. Martín recuerda que las desaladoras son competencias estatales y resalta la colaboración con las comunidades de regantes.
El pulso político entre la Junta y el Gobierno Central en torno a la construcción de la desaladora del Levante plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta ante la sequía y la urgencia de medidas para garantizar el suministro hídrico en la provincia.