La decisión del Parlamento Europeo de pedir cuentas a España por la "trama rusa" ha supuesto un duro golpe para el gobierno de Pedro Sánchez y su proyecto de Ley de Amnistía. La exigencia de una investigación sobre la posible injerencia del Kremlin en la política española coloca al PSOE en una encrucijada: o renuncia a la ley, con el consiguiente riesgo para la estabilidad de la legislatura, o se enfrenta al veto de la Eurocámara, tensando aún más las relaciones con Bruselas.
El presidente se encuentra en una posición delicada. Si decide dar marcha atrás con la Ley de Amnistía, cedería ante las presiones europeas y debilitaría su posición ante sus socios de gobierno, especialmente Unidas Podemos. Sin embargo, si insiste en aprobar la ley desafiando a la Eurocámara, podría verse abocado a un escenario de aislamiento político y judicial, con consecuencias impredecibles para la gobernabilidad del país.
Los partidos de la oposición no han tardado en capitalizar la situación. PP, Ciudadanos y Vox han celebrado la decisión del Parlamento Europeo, considerándola una victoria frente al "autoritarismo" de Sánchez y su "agenda independentista". El PP ha exigido la retirada inmediata de la Ley de Amnistía, mientras que Ciudadanos ha pedido la comparecencia del presidente en el Congreso para dar explicaciones sobre la "trama rusa".
Por su parte, Junts per Catalunya ha reaccionado con indignación ante la decisión de la Eurocámara. Carles Puigdemont ha calificado la "trama rusa" de "conspiranoia" urdida por el Estado español para desviar la atención sobre la injerencia de Marruecos y Qatar en el conflicto catalán. Junts ha acusado al PSOE de "traicionar" a los independentistas y ha anunciado que continuará adelante con su hoja de ruta hacia la independencia.
El futuro de la Ley de Amnistía queda ahora en el aire. El gobierno español tendrá que decidir si asume el desafío de la Eurocámara o si opta por una retirada estratégica para evitar un mayor desgaste político. La decisión tendrá un impacto significativo en la estabilidad del gobierno y en el futuro del proceso catalán.
En definitiva, la decisión del Parlamento Europeo ha abierto un nuevo capítulo en la crisis política española. El desenlace de este pulso entre Sánchez y la Eurocámara tendrá repercusiones de gran calado para el futuro del país.