El pasado 9 de febrero, dos guardias civiles fueron asesinados en Barbate cuando intentaban interceptar una lancha cargada de hachís. Los autores del crimen son presuntos miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico, que opera en el Estrecho de Gibraltar y la Costa de la Luz. Los criminales hundieron con sus potentes lanchas la pequeña y precaria embarcación de los guardias civiles, y entre los aplausos y vítores que se oían en el puerto, les pasaron una y otra vez por encima hasta acabar con la vida de unos y dejar malheridos a otros.
Este hecho no es un caso aislado, sino la manifestación más grave de una situación insostenible que afecta a toda la zona. Según el informe de la Fiscalía Antidroga de 2023, el 80% de la droga que entra en España lo hace por el sur, especialmente por Cádiz, donde se han incautado más de 300 toneladas de hachís en el último año.
La presencia de los narcos en la zona es cada vez más visible y violenta. No solo atentan contra las fuerzas de seguridad, sino también contra los ciudadanos, a los que amenazan, extorsionan y corrompen. Además, generan una economía sumergida que impide el desarrollo de la región, donde el paro supera el 30%.
Ante esta situación, el Estado no puede mirar hacia otro lado. El asesinato de los guardias civiles debe ser tomado como un asunto de Estado, que requiere una respuesta contundente y coordinada de todos los poderes públicos. No basta con condenar el crimen de palabra, ni con aplicar medidas puntuales o insuficientes. Se necesita una estrategia integral que aborde el problema desde todos los ámbitos: policial, judicial, social y educativo.
En primer lugar, es necesario reforzar la presencia y los medios de las fuerzas de seguridad en la zona, dotándolas de los recursos humanos y materiales necesarios para combatir eficazmente al narcotráfico. También es imprescindible mejorar la cooperación con las autoridades de Marruecos y otros países de origen y tránsito de la droga, para cortar el suministro y desarticular las redes criminales. No basta con las condenas indignadas del ministro Marlaska, porque lo que precisan no son medallas póstumas, sino medios eficaces y suficientes.
En segundo lugar, es urgente agilizar la acción de la justicia, endureciendo las penas para los narcotraficantes y sus colaboradores, y garantizando la protección de los testigos y las víctimas. Asimismo, es conveniente impulsar la creación de juzgados especializados en materia de narcotráfico, que puedan resolver los casos con mayor celeridad y eficacia. Más fiscales, más jueces, y más seguridad para todos ellos es fundamental.
En tercer lugar, es clave desarrollar políticas sociales y educativas que prevengan el consumo y la adicción a las drogas, y que ofrezcan alternativas de empleo y formación a los jóvenes de la zona, que muchas veces ven en el narcotráfico la única salida a su situación de precariedad y exclusión. Igualmente, es necesario apoyar a las asociaciones y colectivos que trabajan en la rehabilitación de los drogodependientes y en la sensibilización de la población.
El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos de Barbate y de toda la zona afectada por el narcotráfico, y de garantizar su seguridad, su bienestar y su desarrollo. El ministro del Interior debe tomarse este asunto en serio, y no escatimar esfuerzos ni recursos para acabar de una vez por todas con esta lacra. No hacerlo sería una irresponsabilidad y una traición a los guardias civiles que dieron su vida por defender la ley y el orden.