El pasado viernes, un lamentable suceso sacudió la tranquilidad de Barbate, una localidad costera de Cádiz. Dos valientes agentes de la Guardia Civil perdieron la vida en acto de servicio tras ser brutalmente arrollados por la lancha planeadora de unos narcotraficantes jaleados miserablemente desde el puerto. Esta tragedia, lejos de recibir el debido tratamiento que merece, ha sido objeto de una desafortunada trivialización por parte de Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía, a su paso por Almería.
López, en una declaración que debería haber levantado ampollas en la opinión pública, calificó este brutal asesinato como un simple "accidente laboral". Tal comparación resulta no solo indignante, sino profundamente irrespetuosa para con la memoria de estos dos valerosos servidores públicos. Equiparar la muerte de agentes de la ley, cuya misión es salvaguardar la seguridad y el orden público, con los accidentes comunes en otros ámbitos laborales -o incluso en el suyo- es, sin duda alguna, un despropósito de dimensiones inimaginables.
Para López, parece ser que las condiciones en que han muerto estos agentes de la Guardia Civil es similar a la de un albañil que cae de un andamio o un chapista que sufre un percance laboral. Nada más alejado de la realidad. Daniel Ortega o Javier Couso fueron periodistas asesinados en conflictos bélicos, crímenes que no pueden ser calificados como simples "accidentes laborales". Asimismo, la muerte de estos dos guardias civiles en Barbate no puede ser reducida a un mero "incidente" en el desempeño de su deber, sino que constituye un vil asesinato perpetrado por individuos sin escrúpulos que atentan contra el Estado de Derecho.
Aclaremos que si un albañil se precipita desde un andamio debido a un fallo estructural, se trata de un accidente laboral cuya responsabilidad habrá que dilucidar. Sin embargo, si es empujado deliberadamente, estamos ante un acto de violencia y criminalidad. Lo mismo aplica para los agentes de la Guardia Civil en Barbate: su muerte no fue producto de un simple accidente, sino de un acto premeditado y execrable por parte de narcotraficantes que no dudaron en arrollarlos varias veces con su embarcación.
La falta de sensibilidad de Nuria López al no exigir responsabilidades por este crimen es preocupante. No puedo imaginar a López llamando "accidente laboral" a los asesinatos que el Estado de Israel está perpetrando entre los periodistas que informan de sus crímenes en Gaza. La diferencia de trato es notoria, y solo puede entenderse como una muestra más de la politización y la falta de empatía que impera en ciertos ámbitos.
Es fácil especular que si el gobierno central estuviera en manos del Partido Popular, las exigencias de responsabilidades serían estridentes y constantes. Sin embargo, ante la actual coyuntura política, se escucha un silencio ensordecedor. Este doble rasero solo contribuye a socavar la confianza en nuestras instituciones... y en los sindicatos (en éste al menos).
En momentos como el actual, en los que el dolor y la indignación embargan a toda una comunidad, es fundamental que los líderes sindicales y políticos estén a la altura de las circunstancias. Calificar un asesinato como "accidente laboral" no solo es un insulto a la memoria de las víctimas, sino que revela una peligrosa falta de perspectiva y sensibilidad. Es hora de dejar de trivializar el sufrimiento humano y exigir justicia con la misma fuerza y determinación, independientemente de la profesión, la ideología, la raza o el sexo de las víctimas.