Como están en marcha las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado -que debieron estar aprobados antes de acabar 2023- y ya vemos la fuerza que tienen algunos grupos nacionalistas, es conveniente recordar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene una deuda pendiente con Andalucía. Una deuda que ella misma reconoció cuando era consejera de Hacienda del Gobierno andaluz en el año 2017. En aquel entonces, Montero denunció con vehemencia el injusto sistema de financiación autonómico que perjudica a Andalucía y beneficia a otras comunidades como Cataluña. Un sistema que, según sus propias palabras, «supone una limitación al desarrollo y a la prosperidad de Andalucía», que «no proporciona los recursos necesarios para construir la sociedad a la que aspiramos», que «no nos trata igual a todos y se empeña en crear ciudadanos de primera y de segunda».
¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Por qué la ministra Montero ha olvidado sus reivindicaciones y se ha plegado a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue manteniendo un sistema de financiación caduco y desigual? ¿Por qué la ministra Montero ha renunciado a defender los derechos de los ocho millones de andaluces que están siendo hoy agraviados por un sistema que les roba cada año 1.400 millones de euros, que les da 170 euros menos por habitante que la media -por cada catalán son 222 euros más que por cada andaluz-, que les debe ya 14.000 millones de euros desde el año 2009?
No sé si es cuestión de entonar el “Españas nos roba”, lo que sí es cierto es que como minímo podemos gritar que “España nos debe”.
No hay excusas que valgan. La ministra Montero sabe perfectamente lo que hay que hacer. Ella misma lo dijo en mayo de 2018: «Es absolutamente imprescindible que el Gobierno de España remita un documento a las comunidades que permita adoptar una posición sobre la que se discuta. Es decir, el Gobierno tiene que presentar una propuesta». Y también lo dijo sobre el déficit: «No estamos de acuerdo con la distribución del déficit: 2,9 para España y 0,1 para las comunidades autónomas». Ella defendía el 80-20, es decir, el 80% para el Estado y el 20% para las comunidades autónomas. ¿Cuánto están dando ahora? El 97% para el Estado y el 3% para las comunidades autónomas.
Es una vergüenza que la ministra Montero haya traicionado a Andalucía con el aplauso de una supuesta izquierda supuestamente andalucista, y solo buque ganar tiempo y pasar de la reforma del sistema de financiación. Un Gobierno que sigue pactando con Esquerra Republicana, como ya hizo Rodríguez Zapatero en 2009, y que sigue concediendo privilegios a Cataluña a costa de maltratar a Andalucía. Estamos cansados de esta situación. Andalucía debe exigir justicia financiera.
Tal vez la iniciativa Juanma Moreno, secundada por algunos socialistas no andaluces, Andalucía de activar un fondo transitorio de nivelación mientras se reforma el sistema de financiación, que puede ir perfectamente en los presupuestos generales del Estado, fuese una opción, pero igual podría convertirse en un parche cuando lo que se precisan son soluciones efectivas, reales y duraderas.