La comisión de investigación del Congreso que estudia los contratos de emergencia en pandemia celebrará la próxima semana su segunda jornada de comparecencias y ha decidido centrarse en un 'caso de mascarillas' que afectó a la Diputación de Almería, para lo que solicitará el testimonio de dos cargos políticos del PP cuya presencia han reclamado el PSOE y Sumar.
Tras una primera jornada dedicada a un examen general de la contratación covid, con la presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el entonces ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, el Congreso pone ahora el foco en la Diputación Provincial de Almería.
En concreto, están citados este martes el actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, el 'popular' Fernando Giménez Giménez, y Óscar Liria, que fue vicepresidente tercero de la institución y que está imputado por el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos fraudulentos de material sanitario.
Liria, que fue destituido y expulsado del partido tras su detención en 2021, habría cobrado entre 200.000 y 400.000 euros en comisiones ilegales. Por su parte, Giménez Giménez está acusado de haber propuesto contratar con la trama.
Además, la comisión de investigación prevé citar, aunque aún no ha fijado fecha, al actual presidente de la diputación, Javier Aureliano García Molina, así como al grueso de implicados en el entramado investigado por la Justicia, del que forman parte varios familiares de Óscar Liria.
Entre ellos se encuentran su hermano Francisco Jesús Liria, administrador de Corpfam Global Investment, una de las empresas que la trama habría utilizado para blanquear el dinero de las comisiones ilegales, y su tío, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, cuyo hijo, Rodrigo Sánchez, estaría al frente de otras dos empresas pantalla.
La comisión también tiene aprobadas las comparecencias del empresario Kilian López y de su tía Hortensia López Moreno, excuñada a su vez del alcalde de Fines. A la mercantil de Kilian López, Azor Corporate Ibérica S.L., la diputación adjudicó en abril de 2020 el supuesto contrato fraudulento de 2,03 millones de euros, una operación por la que López podría haberse embolsado un millón en comisiones.
También figura en la lista inicial de comparecientes aprobada por la comisión el actual presidente de la diputación, Javier Aureliano García Molina, también del PP.