El alcalde de El Ejido, Paco Góngora, ha expresado su profunda preocupación por la decisión del Gobierno central de alquilar 200 habitaciones en un hotel del municipio para alojar a inmigrantes irregulares durante un año. Si bien algunos podrían interpretar esta postura como xenófoba, nada más lejos de la realidad.
El Ejido, como bien ha señalado Góngora, soporta una presión migratoria muy alta, posiblemente la más alta de España, con un 33% de población extranjera regular. Si a esto le sumamos los 5.000 inmigrantes irregulares que se estima residen en el municipio, el porcentaje de presión migratoria se dispara aún más.
A pesar de este contexto, y gracias al esfuerzo del Ayuntamiento, El Ejido se ha convertido en un ejemplo de convivencia intercultural, lo cual no es gratis, ni económica ni socialmente, puesto que el Consistorio invierte muchos recursos para garantizarlo no solo con los inmigrantes irregulares, sobre todo con los legales, y también con la comunidad gitana, como pasa en Vícar también, municipio gobernado por el socialista Antonio Bonilla, y también ejemplar en este aspecto.
Si bien, como en cualquier lugar, existen roces y problemas, la seguridad ciudadana y la convivencia no se han visto alteradas significativamente en comparación con otros municipios con menor inmigración, lo que demuestra a las claras que no existe relación directa entre inmigración y delincuencia, y que son otros elementos ajenos a la raza, la nacionalidad, la religión, o incluso los "papeles" lo determinante. La convivencia, como ya he comentado en otras ocasiones, no es que todos vayamos juntos de la mano cantando hacia un dorado atardecer, es sencillamente que no nos demos de bofetadas, que seamos capaces de compartir los espacios públicos y colectivos con respeto.
La decisión del Gobierno central de alojar a inmigrantes irregulares en El Ejido sin consultar ni acordar nada con el Ayuntamiento, la entidad que tendrá que lidiar con las consecuencias, demuestra una falta de respeto institucional, de seriedad y una clara deslealtad institucional. Y más aún si el subdelegado del Gobierno, José María Martín, es ejidense y conoce por tanto esta realidad.
El Ayuntamiento será el responsable de prestar servicios a estas personas que deambularán sin nada que hacer por el centro del municipio día tras día, y cabe preguntarse: ¿por qué no se alojan en otros lugares con menor presión migratoria? ¡¿Dónde está ahora al "España vaciada"?! ¡Decenas de pueblos en Almería que se mueren sin habitantes y hay que meter 200 personas en uno de los municipios más poblados de la provincia y con más inmigrantes! ¿Se busca, tal vez, un estallido social, aprovechando que el PP gobierna la localidad? ¿No acabarán convirtiéndose en mano de obra sin contrato en los invernaderos de la zona?
Esta decisión unilateral del Gobierno central no solo ignora los esfuerzos del Ayuntamiento por fomentar la convivencia en El Ejido, sino que también demuestra una preocupante falta de planificación y coordinación en la gestión de la inmigración irregular.
Es necesario que el Gobierno central recapacite y dialogue con el Ayuntamiento de El Ejido para encontrar una solución justa y responsable que beneficie a todos. El PSOE de El Ejido no tiene nada que decir sobre el tema, claro.
En definitiva, la decisión del Gobierno central es un paso atrás en la integración y la convivencia pacífica en El Ejido, y un ejemplo de la desastrosa gestión de la inmigración irregular por parte del ejecutivo que busca sacar liberar la zona turística de El Toyo de personas "sin papeles".