Hace catorce años, activistas de Greenpeace llevaron a cabo una intervención inesperada en El Algarrobico para protestar contra la edificación de un hotel en un área protegida. Utilizando pintura de color negro, marcaron la fachada del controvertido hotel con la palabra "ilegal". Actualmente, los veintiocho activistas están siendo juzgados.
El viernes, los 28 acusados de haber entrado en el hotel Algarrobico en Carboneras en mayo de 2014 para pintar un gran punto negro en la fachada con las palabras 'Hotel ilegal' negaron su participación en el acto y el acceso al edificio. Sin embargo, confirmaron su presencia en la playa para manifestarse contra la construcción. Durante la audiencia en el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería, a la cual siete acusados no asistieron, la parte acusadora, representada por Azata del Sol, reiteró su solicitud de un año de prisión para cada uno y una multa de 24 meses con una cuota diaria de seis euros por daños presuntos. Además, han solicitado una compensación de 180.703 euros.
Aparte de algunos empleados y ex empleados del grupo ecologista, los demás han negado cualquier relación con la organización. Han informado que acudieron a la playa donde, según indicaron, se congregaban entre "100 y 200 personas" manifestándose tanto a favor como en contra del hotel, tras una convocatoria que mayormente conocieron por "redes sociales" y "amistades". Además, otros acusados han relatado circunstancias específicas que llevaron a su identificación, ya sea por estar de paso "de vacaciones" en una furgoneta o porque uno de ellos, como ha señalado, estaba ejerciendo su profesión de "periodista" para un medio.
Los acusados han dicho que no vieron a personas "con monos" de trabajo en el interior del hotel en la mañana del 11 de mayo de 2014, mientras que otros han asegurado simplemente que no lo recordaban. En lo que sí han coincidido todos es en que fueron identificados por la Guardia Civil "en la playa" sin que se produjeran altercados.
La pareja de agentes de la Guardia Civil que acudió hasta el hotel tras tener conocimiento de que un grupo de personas había accedido al recinto y instructor del atestado han diferido en sus declaraciones en cuanto al número de personas que localizaron en el hotel, al apuntar distintas cifras de entre 20 y 150 personas.
Desde Greenpeace se insiste en que el gobierno de Andalucía debe ejecutar la demolición del edificio. Uno de los acusados, Luis Berraquero, ha asegurado: 'Hasta que no veamos el Algarrobico tirado no vamos a parar'.
Berraquero ha añadido: 'El otro día estuve reunido con el consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, a ellos también se les mostró al lado. Necesitamos pasar de las palabras y las buenas intenciones a la acción'. La Junta de Andalucía ha dicho que tiene interés en que el Algarrubico se tire. 'Les exigimos que empiecen a dar pasos', ha afirmado.
El letrado de la defensa de Greenpeace ha dicho que 'Todo el mundo tiene que saber que este edificio está paralizado desde el año 2006 por una orden judicial y no sabemos por qué existiendo 14 sentencias del Tribunal Supremo todavía sigue en pie'.
Durante la sesión, José Domingo Rodríguez, representante legal de Azata del Sol, declaró que en el momento de la acción reivindicativa, la construcción del hotel estaba suspendida por una orden judicial, aunque estaba "casi finalizada, solo faltaban algunos detalles y estaba en buenas condiciones", estimando que el edificio podría haberse inaugurado en "dos meses".
Rodríguez afirmó que los activistas de Greenpeace causaron daños significativos, incluso derribando muros, para acceder a ciertas áreas. Defendió la "legalidad" del hotel, argumentando que la licencia de obras sigue siendo válida. "Las únicas ilegalidades presentes eran las pintadas y los activistas", añadió.
La compañía dueña del hotel expresó su intención de reparar los daños ocasionados hace diez años, aunque admitió que no ha sido posible debido a "restricciones económicas".
El representante también reveló que fue la empresa quien ordenó pintar la letra 'i' de 'ilegal' en la fachada del hotel, negando que las pintadas y otras muestras de apoyo al edificio fueran obra de residentes espontáneos de Carboneras, como sugirió el encargado de mantenimiento.
Además, reiteró que el edificio estaba en buen estado, a pesar de los robos y la paralización judicial, y que contaba con "6.500 reservas a dos meses" de su apertura. "Un juez local ordenó la suspensión para prevenir, según él, daños mayores. No entiendo qué daños mayores podrían haber ocurrido", cuestionó.
Durante el juicio también se ha atendido el informe pericial aportado por la defensa a través de la declaración del arquitecto encargado de su redacción, quien ha trasladado a partir de la documentación que maneja que edificio supone una "ruina urbanística", pero también una "ruina económica" ya que precisaría, según su investigación, una inversión "superior al 50% del valor del edificio".
"No tiene sentido valorar desperfectos en una ruina", ha concluido tras la exposición de su informe, por el que ha determinado que la obra "no es un edificio completo" toda vez que ocupa parte del dominio público marítimo-terrestre, con lo que está en un terreno "no urbanizable" que, además, se asienta en espacio "protegido".
Asimismo, cree "del todo inaceptable" asegurar que al inmueble le restaban pocos meses para supuesta en uso al estar pendiente aún de las "obras finales" que son "los acabados más importantes", con lo que ha rebajado su nivel de ejecución a un 75% desde el 90% alegado por la empresa.
El arquitecto ha admitido no haber podido entrar en el edificio para completar su informe si bien ha apelado a su "experiencia" de 50 años en el oficio para asegurar que su visón es "acertada", pese a tratarse de un inmueble que "estructuralmente está fuerte".
El juicio, en que las partes han ratificado sus peticiones de condena y absolución, ha quedado visto para sentencia.