La financiación autonómica, cuyo sistema hace años que debía haber sido reformado, se ha convertido en una pieza clave que mueve a voluntad los hilos del poder, del mantenimiento y del "conseguimiento" del mismo. La reciente concesión de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacia una financiación singular para Cataluña, ha encendido el debate sobre la equidad y la solidaridad entre las comunidades autónomas.
Preguntado sobre esa "singularidad", el socio de Montero en Andalucía, Juan Espadas, dijo que claro que estaba de acuerdo con su compañera porque también eso significaba asumir la "singularidad" de Andalucía... pero claro, de la "singularidad" de Andalucía es de la que no habla ni Montero ni nadie.
La propuesta de ERC, que parece haber encontrado eco en el PSOE, sugiere un modelo de financiación al estilo del cupo vasco. Este sistema permitiría a Cataluña recaudar sus impuestos y pagar al Estado por los servicios que este presta en su territorio. A primera vista, podría parecer una demanda razonable, dada la singularidad de cada comunidad. Sin embargo, no es tan simple.
El cupo vasco está amparado por la Constitución, lo que le otorga una legalidad indiscutible. Extender un modelo similar a Cataluña sin una reforma constitucional sería, cuanto menos, un desafío legal y político de gran envergadura, aunque con Pedro Sánchez eso no es un problema sino un reto, el de volver a saltarse la ley, o bordearla, sin sonrojarse más de lo habitual, que es nada. Más aún, podría interpretarse como un acto de favoritismo hacia una comunidad en detrimento de otras, lo que va en contra del principio de solidaridad interterritorial establecido en el artículo 138 de la Constitución... ¡pero a quién le importa la Constitución!
La solidaridad interterritorial no es solo un mandato constitucional, sino un principio fundamental para la cohesión de un país diverso como España. La redistribución de recursos debe garantizar que todas las comunidades, independientemente de su riqueza, puedan proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos. La financiación singular para Cataluña, tal como se plantea, podría crear un precedente peligroso, donde las comunidades más ricas sigan enriqueciéndose a costa de seguir ahogando a las más pobres.
Así fue con el franquismo, impulsando a Cataluña y País Vasco mientras Andalucía o Extremadura, se hundían en la miseria, y sus únicas empresas eran aquellas propiedad de catalanes, vascos y madrileños (el "efecto capitalidad" no suelen tenerlo en cuenta quienes hablan de su buena marcha económica, que las empresas cobre la electricidad a los andaluces y paguen sus impuestos en Madrid, no significa que Madrid vaya "como un cohete")que nos extraían hasta el agua de beber para vendérnosla embotellada... como se hace con las colonias. Sí, pero también lo fue antes, y antes, y antes.
El dilema de la financiación autonómica es un sudoku político, como lo definió el ministro Solbes en su momento, y requiere una solución que equilibre las necesidades de todas las comunidades. No se trata solo de números y porcentajes, sino de mantener la esencia de vivir en comunidad, donde las diferencias se respetan pero no se convierten en barreras.
No deja de ser sorprendente que el mantenimiento de la desigualdad, y el ahondamiento en ella, sea propiciado por dos partidos políticos que dicen se de izquierdas.
Pedro Sánchez parece dispuesto a sacrificar algunas piezas para mantenerse en el poder. Pero, ¿a qué costo? Las comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, tradicionalmente feudos socialistas, podrían verse gravemente afectadas por esta decisión. La financiación autonómica no debe ser una herramienta de chantaje político, sino un mecanismo para asegurar la igualdad y la solidaridad.
La financiación no debería ser "singular" para ningún territorio per sé. La singularidad debe partir de unos criterios objetivos y comunes, como pueden ser población, extensión, nivel de rentas, de recaudación, de empleo, de servicios propìos y estatales... y luego su aplicación a cada territorio.