La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de las correspondientes comunidades a cinco festivales de música al aire libre, entre ellos el Sonórica (Castro Urdiales), por supuestas "malas prácticas" y que se suman a las que ya presentó contra otros dos.
Además del festival de Sonórica, la OCU ha denunciado al FIB (Benicàssim), el Monegros Desert Festival (Fraga), el Puro Latino (Puerto de Santa María, Sevilla, Arganda, Torremolinos y Almería), y el Zevra Festival (Cullera), según señala en un comunicado.
Estas denuncias se unen a las que presentó antes contra el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound (Lorca).
En total, los supuestos abusos que OCU asegura haber constatado en los siete festivales podrían haber afectado a hasta 947.000 asistentes.
Pero ¿cuáles son esos abusos o malas prácticas?. Son los siguientes, según la OCU:
- Los siete festivales han cobrado una tasa de entre dos y tres euros para poder recuperar el saldo restante en la pulsera 'cashless', que se recarga con dinero y se puede pagar con ella durante el evento, es decir un monedero electrónico.
Incluso, según denuncia la organización, a veces se impone un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución y una vez superado se pierde el dinero, con lo que se "permite un enriquecimiento injusto del promotor".
- Es frecuente, además, que cobren otra tasa por salir y volver a entrar al festival.
- También que prohíban entrar con alimentos y bebidas, algo que se contempla en la normativa de varias autonomías, pero que la organización de consumidores considera abusivo pues la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria.
- En algunos de ellos, según se plasma en su denuncia, se cobra asimismo por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, o por el 'alquiler' de vasos para poder beber agua potable.
Ante esta situación, la organización urge a las autoridades de consumo de las comunidades donde se han detectado estos abusos que impongan las sanciones establecidas y que obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados.
No obstante, a su juicio, lo que sería necesaria es que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos y estableciera compensaciones automáticas en caso de malas prácticas.