La Audiencia Provincial de Almería ha dado inicio esta semana a la vista oral que juzgará a un individuo acusado de la muerte violenta de un compatriota senegalés, en un caso que ha conmocionado a la comunidad local. El acusado se enfrenta a graves cargos tras presuntamente apuñalar a la víctima en repetidas ocasiones, lo que resultó en su fallecimiento.
La primera sesión del juicio está programada para el 27 de septiembre, donde se llevará a cabo el interrogatorio del acusado y las declaraciones de varios testigos. Posteriormente, el lunes siguiente, se presentarán las pruebas periciales y documentales, así como las conclusiones e informes pertinentes. Se espera que el veredicto sea entregado el 1 de octubre.
Según el escrito de acusación del fiscal, ambos hombres eran vendedores ambulantes y mantenían una enemistad que se había intensificado poco antes del fatal incidente. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas del 7 de junio de 2022, cuando la víctima se presentó en el portal del edificio donde reside el acusado en Garrucha.
El fiscal relata que durante este encuentro se produjo una discusión entre los dos hombres, durante la cual el acusado golpeó a la víctima en el pómulo. Este ataque inicial desencadenó lo que se describe como una "mutua y voluntaria agresión" entre ambos. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando el procesado sacó un cuchillo con una hoja de 20,5 centímetros, que supuestamente llevaba oculto entre sus ropas.
A pesar de que la víctima intentó desarmar al acusado lanzándole "alguna patada", terminó cayendo al suelo. Fue entonces cuando el imputado aprovechó la oportunidad para asestarle hasta 17 puñaladas en diversas partes del cuerpo. Entre las lesiones sufridas por la víctima se encontró una perforación del ventrículo derecho y un desgarro en el pulmón izquierdo, lesiones que finalmente le costaron la vida.
Por estos hechos tan graves, el fiscal solicita una pena de 13 años de prisión por homicidio. Además, destaca la importancia de cumplir esta condena en España "ante la gravedad de los hechos" y con el objetivo de "evitar percepción de impunidad". También plantea que tras cumplir dos tercios de su condena, el acusado sea expulsado del país y no pueda regresar durante los próximos diez años.
Adicionalmente, se ha solicitado una indemnización para la viuda del fallecido por un total de 450.000 euros; esto incluye 150.000 euros para ella y otros tantos para cada uno de los dos hijos que dejó atrás.