En Almería, como en muchas otras ciudades de España, el tema de la vivienda se ha convertido en un verdadero rompecabezas. Los precios del alquiler han alcanzado niveles que rozan lo escandaloso, y la indignación de los inquilinos es más que comprensible. Sin embargo, aquí es donde la situación se complica: cuando intentamos resolver un problema complejo con soluciones simplistas, el resultado puede ser desastroso.
Es cierto que el precio del alquiler está disparado. En agosto, Madrid reportó un aumento del 18,5%, pero no nos engañemos: cada ciudad tiene sus particularidades, derivadas siempre de la existencia de una escasa oferta en relación a la gran demanda, que en un lugar puede ser por turismo, o en otras por tener inmuebles en mal estado, o haber malas comunicaciones entre los lugares donde hay vivienda y allá donde se trabaja. Aplicar una norma única para regular los precios del alquiler en todo el país es tan absurdo como intentar ponerle un mismo precio a todas las tapas de Almería. La realidad es que si los precios suben es porque hay poca oferta de viviendas en alquiler. Y aquí es donde entran las propuestas del llamado Sindicato de Inquilinas (que vaya usted a saber qué tiene de sindicado): dejar de pagar.
¿De verdad creen que esa es la solución? Imaginemos por un momento a un propietario que ve cómo su inquilino decide no pagar. ¿Qué hará? Muy probablemente buscará la manera de desalojarlo y, al final, podría decidir no volver a alquilar su vivienda. Resultado: menos oferta en el mercado y precios aún más altos. Bravo.
Ahora bien, también están las propuestas para establecer un tope al precio del alquiler. Suena bien en teoría, pero volvamos a preguntarnos: ¿por qué el Estado debería dictar cuánto puede cobrar un propietario por su propia vivienda? Para empezar, no hay dos iguales, y tampoco son iguales los propietarios, ya que a unos les puede correr prisa alquilar y están dispuestos a negociar el precio, y otros, justo lo contrario, no tienen inconveniente esperar hasta encontrar quien pague lo que piden.
Es cierto que la vivienda es un derecho, pero también lo es la salud, y hay enfermos, y la vida... y nos morimos. Además, que existe el derecho genérico a la viviendao no significa que yo, a título individual, tenga la obligación de garantizárselo a otra persona también inddividualmente. Por ejemplo, como existe el derecho al trabajo, y hay parados, uno de ellos decide ponerse a servir en un restaurante, y al terminar la jornada reclama su salario, y el dueño -que previamente le ha venido insistiendo en que cesara- con esa peregrina excusa, la de que tiene derecho a trabajar. Pues es igual, existe el derecho a la vivienda, pero no a que tú te metas en mi vivienda.
Y mientras tanto, los datos son alarmantes. La inquietante realidad del mercado inmobiliario no solo se limita a los precios; también enfrentamos el problema de la "inquiocupación". Un inquilino deja de pagar y se convierte en una especie de huésped indeseado e indefinido, que te puede destrozar la casa, convertirte en moroso de la compañía eléctrica... Cuando finalmente logras desalojarlo (si es que puedes), ¿qué pasará con esa vivienda? Probablemente quedará vacía porque el propietario ya no confía en arrendarla.
Pregúntese usted o hágalo a cualquier persona de su entorno si, en caso de disponer de una segunda vivienda, la alquilaría. Reflexiones sobre la respuesta.
Entonces, ¿cuál sería una solución sensata? Me atrevería a sugerir que dar seguridad jurídica a los propietarios podría ser un buen comienzo. Si alquilas tu vivienda y tienes garantías claras sobre cómo actuar si tu inquilino deja de pagar o causa daños, quizás te animes a ponerla en el mercado, y así ampliar la oferta. Pero claro, si vives con miedo a perder tu inversión o a lidiar con inquilinos problemáticos, lo más probable es que prefieras dejarla vacía.
Abordar el problema del alquiler desde una perspectiva simplista solo conducirá a más complicaciones. Necesitamos soluciones realistas y equilibradas que consideren tanto los derechos de los inquilinos como la necesidad legítima de los propietarios de proteger su patrimonio. De lo contrario, seguiremos atrapados en esta espiral descendente donde todos pierden (unos tienen que pagar precios abusivos o quedarse al raso, y otros con la vivienda cerrada y sin obtener rentas, que muchas veces son para completar exiguas pensiones) y nadie gana.