Si hace unos días informábamos que en los tribunales de Almería habían ingresado 65 casos de ocupación ilegal de viviendas en 2023, pasando en una década de ser la sexta a ser la tercera, a pesar de bajar desde los 71 del año 2022, ahora podemos ofrecer otro dato significativo, que es el de los casos en que ha tenido que intervenir la Policía Nacional o la Guardia Civil.
En el contexto de la seguridad en Almería, es fundamental entender el fenómeno de la "ocupación de inmuebles", que abarca diferentes tipos de delitos según el Código Penal. Este término incluye tanto el allanamiento de morada, definido en el artículo 202, como la usurpación de inmuebles, regulada en el artículo 245. Estos delitos pueden ser cometidos con violencia o sin ella y pueden involucrar propiedades residenciales o no.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) desempeñan un papel crucial en la gestión de estos delitos. En situaciones donde se produce un allanamiento de morada, las FCSE están obligadas a actuar conforme al ordenamiento jurídico vigente. En este caso, si se cuenta con el permiso del morador y este ha presentado una denuncia, las autoridades tienen la potestad para desalojar a los ocupantes de forma inmediata.
Por otro lado, en lo que respecta a las usurpaciones de inmuebles que no son considerados moradas, el procedimiento es diferente. Las FCSE solo pueden intervenir tras obtener una orden judicial de desalojo previa y siempre que exista una intención manifiesta por parte del propietario para recuperar su propiedad. Sin embargo, si durante la comisión del delito se presenta violencia o intimidación, las fuerzas del orden pueden actuar al instante para desalojar a los ocupantes.
Un análisis más detallado revela que en Almería se han registrado datos significativos sobre estos delitos. Según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, entre 2022 y 2023 se contabilizaron un total de 305 casos de ocupación en 2022 frente a 299 en 2023. Estos datos provienen de diversas fuentes, incluyendo la Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos policiales autonómicos y locales.
Desglosando los tipos específicos de delitos relacionados con la ocupación, se incluyen tanto las usurpaciones bajo el artículo 245.2 como aquellas bajo el artículo 245.1 del Código Penal, así como los allanamientos mencionados anteriormente.
A nivel estatal, también se observa una tendencia similar. En 2022, se registró un descenso del 2,9% en este tipo de delitos respecto al año anterior. Esta tendencia descendente continuó durante 2023, con una reducción del 8,8% comparado con los datos del año previo.
Estos números reflejan no solo una disminución en los incidentes relacionados con la ocupación de inmuebles en Almería y en toda España, sino también un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para abordar esta problemática desde un enfoque legal y estructurado. La evolución de estas cifras será clave para entender cómo se desarrollará la situación en los próximos meses y años.