Economía

La Seguridad Social se saltó la ley para adjudicarse bienes embargados en Almería

Entre otras cosas, se saltó los informes jurídicos preceptivos para hacerlo

Rafael M. Martos | Domingo 01 de diciembre de 2024

Un informe de fiscalización operativa sobre la gestión de los bienes y derechos embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) durante el ejercicio 2021, consultado por Noticias de Almería, ha puesto de manifiesto serias deficiencias en la administración de estos activos en la provincia. La falta de informes jurídicos obligatorios y los prolongados retrasos en la contabilización de bienes son algunas de las preocupaciones más destacadas.

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Desde el 1 de enero de 2004, solo se han adjudicado quince bienes a la TGSS en Almería, y sorprendentemente, no se registró ninguna adjudicación durante el año 2021. La última adjudicación se remonta a 2015, lo que refleja una preocupante inactividad en este ámbito. El artículo 124 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (RGRSS) establece que los bienes adjudicados deben ser relevantes para el cumplimiento de los fines de la TGSS, un criterio que parece no cumplirse adecuadamente en ciertos casos.

En particular, el informe señala que se han adjudicado siete fincas rústicas a la TGSS cuya utilidad para los objetivos institucionales es difícil de justificar. Según el artículo 125 del RGRSS, cualquier adjudicación debe contar con un informe jurídico previo que avale su conveniencia para uso administrativo o explotación patrimonial. Sin embargo, se constató que no se presentaron dichos informes para varios expedientes en Almería y Cáceres, lo que plantea dudas sobre la legalidad y necesidad de estas adjudicaciones.

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Además, el informe destaca los excesivos plazos para la contabilización de algunos bienes en Almería. Por ejemplo, una finca rústica fue dada de alta en inventario el 11 de mayo de 1998, pero no fue contabilizada hasta el 26 de diciembre de 2006. De manera similar, una vivienda con número de finca 023750 fue registrada el 20 de enero de 1997 y contabilizada recién el 16 de febrero de 2007. Estos retrasos evidencian una falta de eficiencia administrativa que podría estar afectando negativamente a la gestión patrimonial pública.

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