Acuerdo de última hora en Bruselas, pero aún sin datos concretos del modo en que decaerá la reciente propuesta de la Unión Europea de reducir drásticamente los días de pesca en el Mediterráneo, y que ha desatado una tormenta de controversia en Andalucía, donde la pesca es un pilar fundamental de la economía local. Pasar de 130 días de faena a solo 27 al año no es simplemente una reducción; es un golpe directo a la supervivencia de miles de familias que dependen del mar para su sustento. Este cambio se justifica bajo el paraguas de la sostenibilidad, pero ¿realmente estamos ante una solución sostenible o más bien ante una insostenibilidad disfrazada?
Andalucía, con su extensa costa y rica tradición pesquera, ve en esta medida una amenaza existencial. La pesca no solo contribuye a la economía; es parte del tejido cultural y social de nuestras comunidades. La idea de limitar la actividad pesquera en aras de permitir que los recursos marinos se regeneren puede parecer lógica en teoría, pero en la práctica plantea serias interrogantes sobre su viabilidad y consecuencias.
Es innegable que nuestros mares necesitan tiempo para recuperarse. Los recursos naturales son finitos y requieren un manejo responsable. Sin embargo, lo que parece ignorarse es que esta medida no eliminará la demanda de pescado en Europa. Los consumidores seguirán buscando sus productos favoritos, y si no pueden obtenerlos localmente, recurrirán a importaciones de países terceros como Marruecos o Argelia. Estos países no están sujetos a las mismas regulaciones estrictas que se imponen a nuestros pescadores europeos, lo que significa que mientras nosotros intentamos proteger nuestro ecosistema, estaremos fomentando prácticas pesqueras potencialmente destructivas en otras partes del mundo porque tendrán que seguir pescando para ellos, y a partir de ese momento, también para nosotros.
El resultado es doblemente perjudicial: por un lado, perderemos nuestra capacidad productiva (empleo directo e indirecto) y dependeremos cada vez más de fuentes externas para satisfacer nuestras necesidades alimentarias; por otro lado, nuestros pescadores locales quedarán sin trabajo y sin alternativas viables. Esto nos lleva a un escenario donde tendremos que subsidiar a nuestros propios pescadores (y sector auxiliar) para evitar que caigan en la pobreza, mientras gastamos más dinero comprando pescado importado. Es decir, pagaremos el precio doble: por un lado, el coste del pescado extranjero y por otro, el costo social de mantener a flote a quienes han dedicado su vida al mar.
Lo más preocupante es que este enfoque no parece tener un final claro ni una estrategia de retorno. La transición hacia menos días de pesca podría convertirse en algo permanente, dejando a Andalucía sin su industria pesquera tradicional y condenando a sus trabajadores al desempleo crónico. Si permitimos que esto ocurra, corremos el riesgo no solo de perder nuestra producción local, sino también nuestra identidad cultural vinculada al mar.
La sostenibilidad es un concepto esencial para garantizar el futuro del planeta y sus recursos naturales. Sin embargo, cuando las políticas destinadas a promoverla resultan en consecuencias adversas para las comunidades locales y sus economías, debemos cuestionar su implementación. No podemos permitir que la búsqueda de una sostenibilidad idealizada se convierta en una insostenibilidad real.
Es hora de repensar cómo abordamos estos desafíos ambientales sin sacrificar nuestras bases económicas ni nuestro modo de vida. Necesitamos soluciones equilibradas que integren tanto la salud del ecosistema como el bienestar económico de las comunidades costeras. Solo así podremos avanzar hacia una verdadera sostenibilidad que beneficie tanto al planeta como a quienes dependen directamente de él para vivir.
Lo que se presenta como una medida necesaria para proteger nuestros mares puede acabar siendo un camino hacia la ruina económica y social para muchos andaluces. La sostenibilidad debe ser efectiva y justa; si no lo es, corremos el riesgo de convertirla en insostenible.