La parlamentaria andaluza del Partido Popular en El Ejido, Julia Ibáñez, ha reiterado su demanda al Gobierno de España para que "de una vez por todas cumpla" con la elevación a magistrado de los juzgados de esta localidad.
Además, ha solicitado explicaciones al PSOE de Almería y al subdelegado del Gobierno por haber afirmado que El Ejido contaría con un séptimo juzgado en 2024, una promesa que parece destinada a ser incumplida, dado que el año está a punto de concluir.
Ibáñez ha señalado que "son muchas las necesidades en materia de justicia que actualmente dependen del Gobierno de Pedro Sánchez y que aún no se han resuelto". En un comunicado, lamentó que el PSOE almeriense, en lugar de defender los intereses locales, se pliegue a los intereses del partido y del presidente Sánchez, a quien acusa de castigar a la provincia para mantener su poder.
"Una vez más, el PSOE de Almería y el subdelegado del Gobierno han engañado a los almerienses. Sus constantes promesas incumplidas evidencian que la provincia no es una prioridad para ellos", añadió. La parlamentaria enfatizó que aquellos que no siguen la línea del presidente terminan sacrificados políticamente.
En contraste con la situación nacional, Ibáñez destacó que el Gobierno de Juanma Moreno continúa avanzando y cumpliendo sus compromisos con Almería. Resaltó el aumento en la plantilla de funcionarios de Justicia que se llevará a cabo en diez partidos judiciales en Andalucía, incluyendo El Ejido y Vera.
Asimismo, mencionó que este esfuerzo por parte del PP representa un paso hacia la implementación de la oficina judicial. En particular, El Ejido recibirá un gestor y cuatro tramitadores, mientras que Vera contará con un gestor y dos tramitadores. Esta medida busca mejorar la eficacia y accesibilidad del sistema judicial local.
Ibañez valoró positivamente los esfuerzos realizados por Moreno para mejorar la situación judicial en Almería. Según ella, esto se traduce en una justicia más cercana, eficaz y de calidad. Para lograrlo, desde la Consejería de Justicia se han implementado mejoras en organización, equipamientos y recursos humanos dentro del ámbito judicial.
Todo esto se lleva a cabo bajo las competencias autonómicas asumidas por la comunidad, manteniendo un diálogo constante con todos los operadores jurídicos involucrados.