La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 22 de octubre de 2024, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de municipios capitales de provincia en relación con las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales del Ayuntamiento de Almería, en el ejercicio 2022, devolvieron 21.000 euros de fondos no utilizados en 2020, aunque no existe un procedimiento formal para gestionar estos reintegros.
El Ayuntamiento, según el informe consultado por Noticias de Almería, publica los importes globales y su desglose por grupo de estas asignaciones, pero la última información disponible es de 2018, y no da acceso a las cuentas justificativas ni ha registrado estas asignaciones en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
El informe oficial sobre la gestión económica del Ayuntamiento de Almería en 2022 revela que las dotaciones económicas destinadas a los grupos políticos municipales alcanzaron los 287.000 euros, un 33 % más que en 2021, cuando se aplicó una reducción en las asignaciones. Hay que tener en cuenta que eso se produjo porque la Corporación local contó con cinco grupos municipales y hasta tres concejales no adscritos durante el periodo analizado, lo que supuso un aumento de dinero especifico para grupo.
Por otro lado, esa situación, la del número de grupos, y los no adscritos, generó una situación novedosa que supuso la distribución de estas cantidades sin una normativa exhaustiva que garantizara un uso transparente y eficiente de los fondos públicos.
El análisis señala deficiencias en la normativa municipal, que se limita a reproducir el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) para definir la competencia del Pleno en la asignación de fondos a los grupos. Aunque se prohíbe el uso de estas dotaciones para contratar con el partido al que están adscritos, no se especifican gastos permitidos o prohibidos ni se detallan procedimientos de control, rendición de cuentas o devolución de remanentes.
Entre 2020 y 2022, las bases presupuestarias del Ayuntamiento eliminaron la obligación de presentar una cuenta justificativa detallada, práctica que estaba vigente hasta 2019. Esta ausencia de control ha impedido la fiscalización de las cuentas de los grupos, aumentando el riesgo de un uso indebido de los fondos.
El informe critica la falta de criterios claros para determinar las cuantías asignadas, que en 2022 consistieron en un 74 % de componente variable por concejal y un 26 % de componente fijo por grupo. A pesar de ello,
Además de las asignaciones directas, el Ayuntamiento proporcionó personal y recursos materiales cuyo coste total ascendió a 1,89 millones de euros en 2022. De esta cifra, solo un 15 % corresponde a las dotaciones económicas; el resto se destinó a los 27 empleados eventuales asignados a los grupos y a otros gastos operativos cuya cuantía no ha sido desglosada.