El proceso de desalojo de aproximadamente 30 personas que residen en las viviendas de Ferrobús se ha convertido en un obstáculo significativo para las obras del soterramiento del tren de alta velocidad (AVE). A pesar de que un juez ha autorizado a ADIF la ocupación de estas viviendas, los residentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad social, han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para impugnar esta decisión.
Las obras avanzan con rapidez tras el derribo del puente que conecta con la autovía del aeropuerto, y ahora se prepara el desmantelamiento del puente sobre la avenida del Mediterráneo. Sin embargo, la presencia de los ocupantes en las casas de Ferrobús sigue siendo un desafío que frena el progreso del proyecto.
El juez emitió una resolución el pasado 20 de diciembre, ordenando el desalojo antes de las festividades navideñas. En este contexto, los afectados han apelado a la suspensión del auto que permite la entrada forzada en sus domicilios. Hay que reseñar que los afectados no piden que se detenga la obra ni que se alteren los planes trazados; exigimos una indemnización adecuada por parte de ADIF.
La situación plantea un dilema entre la necesidad de avanzar con las infraestructuras y la protección de los derechos de quienes habitan estas viviendas históricas, vinculadas al pasado ferroviario de la zona.