El Tribunal Supremo ha imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una investigación por la presunta filtración de correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes judiciales, el correo electrónico en cuestión tuvo su "salida" desde la Fiscalía y su "destino" en la Presidencia del Gobierno, desde donde se habrían realizado "gestiones" para su publicación en medios de comunicación.
El juez instructor, Ángel Hurtado, ha citado a García Ortiz para que declare como investigado el próximo 29 de enero. Esta imputación se enmarca en una causa que también involucra a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. La investigación se centra en un correo electrónico que desvelaba negociaciones para un pacto de conformidad por delitos fiscales que habría cometido González Amador.
El caso tomó relevancia tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señaló que el email del abogado de González Amador, donde se reconocían presuntos delitos fiscales, fue filtrado antes de su publicación en la prensa. La UCO indicó que altos cargos del Gobierno tuvieron acceso a este correo antes de que se hiciera público, sugiriendo que hubo gestiones desde la Moncloa para manejar la información.
La cronología de los hechos revela que el 13 de marzo de 2024, la Cadena SER y otros medios ya habían informado sobre el contenido del correo, horas antes de que el fiscal general lo recibiera oficialmente. Esta filtración ha sido interpretada por el Supremo como una posible infracción del derecho a la presunción de inocencia y al secreto profesional, lo que podría afectar el proceso penal contra González Amador.
Desde la Comunidad de Madrid, el entorno de Ayuso ha denunciado lo que consideran una operación política en su contra, mientras que desde el Gobierno se ha defendido la actuación de la Fiscalía, argumentando que la información ya era de dominio público antes de la nota de prensa oficial.
El Tribunal Supremo, al iniciar esta investigación, ha marcado un precedente al ser la primera vez que imputa a un fiscal general del Estado en democracia, destacando la gravedad de la filtración de información reservada en un caso de alto perfil. La decisión de imputar a García Ortiz y otros fiscales ha generado un debate sobre la independencia judicial y el manejo de información sensible en procesos penales.
La causa avanza con la expectativa de que las declaraciones de los imputados y testigos puedan esclarecer cómo se produjo la filtración y quiénes fueron los actores clave en este episodio.