Vivir en España es todo un arte. Si no te toca la Lotería de Navidad, heredas un piso del abuelo, o te conviertes en okupa profesional, es muy probable que el acceso a la vivienda te parezca más un capítulo de El Ministerio del Tiempo que un derecho constitucional. Pero tranquilos, porque Pedro Sánchez ha estado ahí, año tras año, promesa tras promesa, para solucionarlo todo. Spoiler: seguimos esperando las llaves.
Hace ya algún tiempo, el presidente apareció con su varita mágica y anunció a bombo y platillo la Ley de Vivienda, un compendio de buenas intenciones que pretendía controlar los precios del alquiler, limitar las subidas abusivas y convertir a los grandes propietarios en benefactores sociales. Lo que no explicó es cómo evitar que esta maravillosa receta acabara ahuyentando la oferta, subiendo aún más los precios y dejando a los pequeños propietarios con las ganas de alquilar. Los detalles, como siempre, se reservan para la letra pequeña y la próxima rueda de prensa.
Luego llegó la promesa de construir 100.000 viviendas públicas. Un número redondo y bonito, casi tanto como los billetes de 500 que los bancos solían imprimir cuando aún concedían hipotecas. Pero, curiosamente, este ambicioso plan sigue tan lejos de la realidad como el AVE en Almería. Porque si hay algo que en España se construye más despacio son las viviendas públicas prometidas por los políticos.
¿Recuerdan cuando Sánchez firmó acuerdos para destinar suelos de Defensa y otras instituciones públicas a la construcción de viviendas? Fue una jugada maestra para arrancar aplausos y titulares, pero esos solares siguen esperando a que alguien decida si se convierten en hogares para familias o en otro pelotazo urbanístico. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando alquileres dignos de un ático en Manhattan, pero con vistas al descampado.
Y no podemos olvidar su última genialidad: importar el modelo vienés para construir 43.000 viviendas sociales de alquiler. Porque, claro, copiar las políticas de otros países es siempre una apuesta segura... hasta que recordamos que aquí los trámites burocráticos hacen que cualquier proyecto se retrase más que el desarrollo del soterramiento ferroviario en Almería.
La ironía es que, con todo este esfuerzo por arreglar el problema de la vivienda, quien más dificultades tiene para mantener su propio techo es el propio Sánchez. Ser inquilino en La Moncloa no es fácil, y cada día se le pone más caro. Sus caseros —también conocidos como sus socios de investidura— le suben el precio del alquiler con cada votación crucial. ERC, Bildu, y hasta Sumar, todos pasan su factura. No le exigen euros, sino concesiones: leyes, referéndums, políticas identitarias... Un alquiler político que, a este paso, le va a costar su residencia oficial.
Si alguien tiene un verdadero problema de vivienda en España, ese es Pedro Sánchez. No porque le falten metros cuadrados, sino porque la mensualidad política es cada vez más alta, y los caseros no perdonan. Si no paga a tiempo, ya sabe dónde están las oficinas del INEM.