La situación en la Plaza de Pavía ha generado una fuerte indignación entre los comerciantes, quienes han expresado su descontento al afirmar que “nos han engañado con el toldo”. La mejora prometida, que ha tardado siete meses en materializarse, se limita a proporcionar sombra en uno de los pasillos del mercado, lo que ha causado una gran frustración.
Este malestar no solo afecta a los comerciantes, sino que ha resonado en toda la comunidad, logrando unir a diversas organizaciones que representan a diferentes colectivos en los barrios de la Falda de la Alcazaba. Ante esta situación, se han convocado nuevamente a las agrupaciones que participaron en movilizaciones previas para formar un frente común contra el Ayuntamiento de Almería.
El propósito de este movimiento es reclamar lo que consideran un derecho legítimo: los fondos públicos destinados a la ciudad por la implementación de la Zona de Bajas Emisiones. Los comerciantes han denunciado que el Ayuntamiento ha tenido la desfachatez de informar al Ministerio de Transportes que la Plaza de Pavía y el barrio de Pescadería son las áreas con mayor densidad de tráfico en Almería. A pesar de ser el epicentro de las restricciones vehiculares, observan cómo se invierte dinero en peatonalizar otras zonas más favorecidas.
“Se están imponiendo restricciones al acceso y circulación vehicular bajo el pretexto de mejorar la calidad del aire”, advierten. Estas limitaciones ya están programadas para entrar en vigor y han generado preocupación entre los residentes y comerciantes locales.
Como primer paso en esta nueva fase de protesta, planean dirigirse al Ministerio de Transportes y Transición Ecológica para obtener información sobre cómo se evaluó su propuesta y las ayudas recibidas. “Esperamos contar con el apoyo de los partidos políticos representados en el Congreso, ya que pueden presentar nuestro documento como pregunta parlamentaria”, comentan.
Los comerciantes también citan ejemplos similares en otras ciudades españolas donde la delimitación de Zonas de Bajas Emisiones ha suscitado controversias. En Alicante, Ecologistas en Acción cuestionó las ubicaciones de las estaciones de medición del aire, lo que resultó en solicitudes para devolver ayudas públicas. Por su parte, Madrid vio cómo su Tribunal Superior anuló varias ZBE debido a fallos regulatorios, resaltando la necesidad urgente de una planificación adecuada y transparente.
Por último, mencionan que en Valencia también se está revisando la implementación de ZBE por no cumplir con las expectativas establecidas por Europa. La situación actual refleja un contexto complejo donde las decisiones municipales impactan significativamente a la comunidad local.