Almería ha superado a Sevilla en número de pisos turísticos, lo que resulta sorprendente para una ciudad que, a priori, no tiene la proyección internacional ni la oferta cultural de la capital andaluza. Según datos recientes, Almería cuenta con más de 1.800 alojamientos de este tipo, un fenómeno que no ha pasado desapercibido ni para los vecinos ni para el Ayuntamiento, que ya ha debatido en pleno varias veces cómo abordar esta cuestión antes de que la situación se descontrole.
A pesar de ello, la proliferación de pisos turísticos aún no está transformando el paisaje urbano de Almería, ni en el centro, ni en las zonas más próximas a las playas. La coexistencia de alquileres vacacionales con residentes de toda la vida aún no ha generado tensiones. A diferencia de Sevilla, y eso que tiene menos alojamientos turísticos que nuestra provincia, aquí no se ha notado un aumento de los precios del alquiler, ruido, gentrificación, ni existe una creciente sensación de que el carácter de ciertos barrios se está perdiendo en favor de un turismo que, aunque beneficioso en términos económicos, también plantea serios desafíos sociales.
Como podemos observar, a diferencia de otras ciudades andaluzas donde el problema ya ha alcanzado proporciones críticas, Almería tiene la oportunidad de adelantarse y establecer una regulación clara y adaptada a su realidad.
No todas las provincias, ni en ellas todas sus ciudades, sufren el fenómeno de la misma manera, y por otro lado, el régimen de propiedad de los pisos turísticos también varía, así esa es otra clave que ha de tenerse en cuenta en cualquier regulación. En algunos casos, la oferta está dominada por grandes empresas que gestionan decenas o cientos de viviendas, mientras que en otros son pequeños propietarios los que ven en el alquiler vacacional una manera de complementar sus ingresos. En la provincia de Almería, así como en sus principales ciudades, por lo que se percibe, existe una mezcla, de ambas situaciones.
El Ayuntamiento, consciente del potencial conflicto, ha planteado la necesidad de regular este sector desde la administración municipal, dado que las características de Almería no tienen nada que ver con las de, por ejemplo, Málaga, donde el turismo masivo ya ha generado un problema estructural. En este sentido, las regulaciones deben ser tan locales como los problemas que tratan de resolver. No es lo mismo gestionar el impacto de los pisos turísticos en un barrio costero de Roquetas, Nijar, o El Ejido, que en el casco histórico de Almería.
La clave está en buscar un equilibrio que permita aprovechar los beneficios económicos del turismo sin que ello implique expulsar a los vecinos ni deteriorar la calidad de vida en los barrios. Medidas como establecer cuotas máximas de pisos turísticos por zona, exigir licencias específicas o limitar el tiempo de alquiler anual son algunas de las fórmulas que otras ciudades están adoptando con mayor o menor éxito. Pero esto requiere voluntad política, y, sobre todo, un enfoque que priorice las necesidades de la ciudadanía almeriense sobre los intereses de los grandes operadores turísticos.
El debate está sobre la mesa, y las decisiones que se tomen marcarán el rumbo de Almería en esta cuestión. La ciudad tiene la posibilidad de aprender de los errores de otros, pero para eso necesita algo más que buenas intenciones: hace falta una hoja de ruta clara, con objetivos concretos y plazos definidos. Porque, si algo está claro, es que dejar que el mercado funcione a su antojo no es una opción.