El PP y Vox han manifestado su rechazo a la idea de convocar a declarar a un prófugo de la Justicia, incluso si es de manera telemática.
La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas ocurridos en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) se reunirá para decidir si cita al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, para que comparezca en febrero. Puigdemont se encuentra actualmente prófugo de la Justicia española mientras espera la aplicación de la Ley de Amnistía.
En esta sesión, se llevarán a cabo dos comparecencias: una del abogado que representa a las víctimas de los ataques y otra de un periodista. Posteriormente, se convocará a la Mesa y a los portavoces del órgano para definir quiénes serán los siguientes en declarar.
A pesar de que el presidente de la comisión es Txema Guijarro, del partido Sumar, el PP también tiene representación y se opone firmemente a escuchar a un prófugo. Vox comparte esta postura.
Las fuentes parlamentarias indican que aún no hay acuerdo sobre cómo ni cuándo se llevará a cabo el interrogatorio al expresidente catalán. La situación se complica por el enfriamiento de las relaciones entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Hasta ahora, la comisión ha seguido un orden establecido desde el inicio de la investigación, habiendo escuchado ya a nueve personas. Solo se ha omitido una citación, correspondiente al abogado Agustí Carles i Garau, quien comparecerá este martes junto con el periodista Francesc Salles.
La mesa decidió agrupar las comparecencias para optimizar el tiempo. El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y Joaquim Forn, exconseller de Interior, ya han declarado anteriormente ante el Congreso.
Dado que las citaciones deben realizarse con 15 días de antelación, los grupos parlamentarios deberán acordar qué compareciente programarán para la segunda semana de febrero si desean continuar con los interrogatorios en esas fechas.
Los miembros deben decidir si mantienen el orden original y convocan a Puigdemont. En caso afirmativo, tendrán que discutir si le permitirán participar por videoconferencia debido al riesgo de detención si viaja a España.
Otros testigos ya han declarado por medios telemáticos en comisiones anteriores. Este fue el caso del exministro del Interior durante los atentados, Juan Ignacio Zoido, así como su secretario de Estado en ese momento, José Antonio Nieto.
Después de Puigdemont, están programados para comparecer la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el expresidente Mariano Rajoy, quienes estaban al frente del Ejecutivo central en agosto de 2017.