Las manifestaciones sindicales siempre han sido una herramienta de presión legítima en una democracia, pero lo que hemos visto en España este fin de semana roza el esperpento. Los sindicatos UGT y CCOO han salido a la calle… contra la oposición. No contra el Gobierno que toma decisiones, no contra el Ejecutivo que gobierna –o al menos lo intenta–, sino contra quienes no ostentan el poder ni pueden tomar decisiones. Es el mundo al revés, un ejercicio que recuerda más a los regímenes totalitarios que a una democracia plena: en esos sistemas, la movilización callejera no es para protestar contra el poder, sino para intimidar a quienes lo desafían.
Pedro Sánchez, atrincherado en La Moncloa con una mayoría parlamentaria cogida con alfileres, ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: engañar a todos, incluidos sus propios aliados. Primero dijo que no trocearía el llamado "decreto ómnibus", lo que suponía que medidas como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo o las ayudas al transporte público quedarían bloqueadas si la oposición no tragaba con todo el paquete. Pero, como es costumbre, hizo exactamente lo contrario de lo que prometió: troceó el decreto. Resultado: la oposición –incluido el PP– respaldará muchas de esas medidas sociales, tras ser "empaquetadas" juntas... sí también con esa donación al "vulnerable" PNV de un palace de 15 millones de euros en París, que se resume en el pago anual de 1,5 millones de euros de alquiler por el Estado español para que siga siendo sede del Instituto Cervantes.
Y aquí llega la gran paradoja. Los sindicatos, a la velocidad del rayo, anunciaron que salían a la calle creyendo que la oposición había bloqueado mejoras sociales, y se han quedado colgando de la brocha. Protestan por algo que no ha sucedido. Se movilizaron por un bulo fabricado desde el propio Gobierno, que les utilizó como carne de cañón en su estrategia de agitación y propaganda contra la oposición.
Es sorprendente que la pobreza infantil haya crecido desde que Pedro Sánchez es presidente, y los sindicatos no hayan dicho nada, o que la pobreza energética sea más dura que cuando Mariano Rajoy, y también estén callados, o que la inflación se esté comiendo los sueldos y miren para otro lado, que la vivienda haya pasado a ser un problema mayor que cuando gobernaba el PP, y guarden silencio... ni una protesta contra el gobernante, y una manifestación urgente contra la oposición... que digo yo, que si la gente no puede pagar el bonobús será culpa de que la economía no les va tan bien ¿no? Por cierto... a ver si algún sindicalista es capaz de recordar de qué partido era el presidente que no revalorizó las pensiones y bajó el sueldo a los funcionarios... no es complicado porque eso solo lo ha hecho uno.
El problema es que en democracia gobierna quien tiene los votos para hacerlo. Si Pedro Sánchez no es capaz de sacar adelante sus decretos o sus presupuestos, la culpa no es de la oposición, sino de su falta de apoyos, y no es la oposición, ni siquiera el Parlamento, quien tenía la capacidad apara trocear el decreto y permitir su aprobación, pero dijo que no lo haría, es decir, que prefería que esas medidas sociales no se implementaran con tal de no dar su brazo a torcer (luego Junts se lo ha retorcido). Y en política, cuando un Gobierno es incapaz de gobernar, lo normal es que convoque elecciones para buscar una mayoría más sólida. Pero eso no va con Sánchez, que prefiere atrincherarse, fabricar enemigos imaginarios y echar la culpa de su incapacidad a quienes no tienen la responsabilidad de gobernar.
Mientras tanto, UGT y CCOO han demostrado, una vez más, que están más cerca de ser un apéndice del Gobierno que verdaderos defensores de los trabajadores. Han protestado contra una realidad ficticia, han servido a los intereses de un presidente en apuros y han perdido, de paso, lo poco que les quedaba de credibilidad.