En un importante paso judicial, la querella presentada por la Asociación de Damnificados por la DANA de l'Horta Sud, que representa a numerosos afectados por la catástrofe meteorológica del 29 de octubre pasado, ha sido derivada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Este movimiento judicial centralizará todas las investigaciones relacionadas con la gestión de la emergencia por la DANA en un solo juzgado, facilitando así una investigación más coordinada y eficiente.
La querella, que ha sido ampliamente respaldada por la comunidad afectada, apunta directamente contra cinco miembros del Gobierno valenciano, incluyendo a figuras destacadas del Consell, y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Los querellantes buscan depurar responsabilidades ante lo que consideran "inacción" en el ejercicio de sus funciones, que habría llevado a la pérdida de vidas, lesiones y daños considerables durante la catástrofe.
Los delitos por los que se querella incluyen presuntos homicidios imprudentes, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro. La querella también solicita la declaración testifical de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, para arrojar luz sobre la toma de decisiones durante la crisis.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, bajo la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, ya ha comenzado a trabajar en las diligencias previas, acumulando todas las denuncias y querellas relacionadas con la DANA bajo la numeración 692/24. Este juzgado, ubicado en una de las localidades más afectadas, se ha convertido en el epicentro de la investigación judicial sobre la gestión de la emergencia, que hasta ahora se había dispersado entre varios juzgados de la provincia de Valencia.
La Fiscalía Provincial de Valencia ha creado un equipo especial de cinco fiscales, especializados en medio ambiente, anticorrupción y derecho penal, para colaborar estrechamente con el juzgado de Catarroja. Este equipo buscará proporcionar una respuesta coordinada y exhaustiva a la complejidad de las investigaciones derivadas de la DANA.
La decisión de centralizar las diligencias en Catarroja ha sido bien recibida por los afectados, quienes esperan que esta medida agilice el proceso de investigación y lleve a una rápida atribución de responsabilidades. Sin embargo, también ha generado debate sobre la capacidad de un solo juzgado para manejar una carga de trabajo tan significativa, dada la magnitud de la catástrofe y el número de afectados.
La Generalitat Valenciana, por su parte, ha respondido a las peticiones judiciales indicando que no existen actas formales ni grabaciones del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) de la DANA, lo que podría complicar la reconstrucción de los hechos y la asignación de responsabilidades.
Este desarrollo judicial marca un punto crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas de la DANA en l'Horta Sud. Con la centralización de las investigaciones en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, se espera que las diligencias avancen de manera más organizada y efectiva, aunque el camino hacia el esclarecimiento y la justicia podría ser largo y complejo.