Andalucía es una referencia en mediación con medidas y servicios pioneros que la Junta ha ido poniendo en marcha adelantándose a la apuesta por los medios alternativos de solución de controversias incluidos en la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, ha animado a los profesionales de la Abogacía a ser “aliados” de la Consejería de Justicia en la Estrategia de Mediación puesta en marcha para “promover un cambio cultural que reduzca la alta tasa de litigiosidad y la sobrecarga de trabajo de los juzgados en pro de la cultura del diálogo y el acuerdo”.
Rondón ha participado esta tarde en unas Jornadas del Colegio de Abogados de Sevilla sobre el impacto de la ley, que hoy se ha centrado en ‘Los medios adecuados de solución de controversias como requisito de procedibilidad en la Jurisdicción Civil’. El director general ha intervenido en una mesa redonda junto a la jueza de Familia María José Cuenca; el decano del Colegio Notarial de Andalucía, Manuel Seda; y el letrado y mediador Álvaro Mendiola.
En una segunda mesa redonda ha intervenido entre otros la coordinadora del Punto de Información a la Mediación (PIMA) en Sevilla, Pilar González Sepúlveda.
La creación de los PIMA en 2021, ubicados en las principales sedes judiciales de las capitales y grandes ciudades, fue el primer paso del Gobierno andaluz para dar a conocer esta vía alternativa de resolución de conflictos si bien “ha sido en esta legislatura cuando hemos dado un impulso definitivo a la mediación, adelantándonos a la Ley de Eficiencia”, ha subrayado Rondón.
Así, ha recordado que Andalucía es la primera comunidad que incluye la mediación en el sistema de Justicia Gratuita. Desde el 1 de enero de 2024 los andaluces que cumplen los requisitos para solicitar la asistencia jurídica de un abogado de oficio pueden solicitarlo para procesos de mediación. En este primer año los profesionales del sistema de Justicia Gratuita ya han cerrado 186 acuerdos, por los que la Junta ha abonado un total de 74.400 euros por la asistencia letrada en estos procedimientos.
“Sabíamos que necesitamos la colaboración de los profesionales y no queríamos que vieran la mediación como una competencia, por lo que retribuimos su trabajo con el módulo máximo del turno de oficio, hasta 400 euros si logran cerrar un acuerdo”, ha detallado.
El SEMPA evita un millar de juicios penales
Además, en mayo de 2024 comenzó a funcionar el Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, primero en cinco provincias y desde septiembre en toda la comunidad. En este tiempo los juzgados penales han derivado más de 2.000 asuntos, la mayoría por delitos leves de lesiones, amenazas y hurtos. Ya se ha evitado casi un millar de juicios “que hubieran estado uno o dos años en los tribunales y se han cerrado en una media de 30 días”.
También en la Jurisdicción Social, una de las más colapsadas, se ha puesto en marcha un convenio pionero con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para que estos profesionales especializados en derecho laboral actúen como mediadores en conflictos judicializados. Se trata de dar una segunda oportunidad a aquellos casos de despidos, reclamaciones de cantidad u otras controversias entre trabajadores y empresas.
El siguiente paso es la creación del nuevo Servicio de Mediación Civil y Mercantil “en el que ya estamos trabajando para ponerlo en marcha lo antes posible”, así como un Registro andaluz de mediadores, ha anunciado Rondón.
La Junta también prevé crear un Consejo Asesor de Mediación y ha puesto en marcha la campaña ‘Mediar es Avanzar’ para difundir el cambio “de la cultural del pleito a la del diálogo”.
El director general de Justicia Juvenil y Cooperación ha señalado que todas estas medidas ya están dando frutos y Andalucía ha pasado de tener la segunda tasa de litigiosidad más alta en 2023 a la quinta en septiembre de 2024, último dato publicado por el Consejo General del Poder Judicial.