Jessica Rodríguez, expareja sentimental del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha declarado este jueves como testigo ante el Tribunal Supremo en el marco de la investigación del conocido como "caso Koldo". Durante su comparecencia, Rodríguez ha tratado de eximir de responsabilidad a Ábalos respecto al pago de un lujoso apartamento en la Torre de Madrid, ubicado en la Plaza de España, cuyo alquiler, según las investigaciones, fue abonado por el empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla de una trama de corrupción. Además, ha reconocido que, pese a estar contratada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, nunca acudió a trabajar, aunque sí percibió un sueldo.
La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), sostiene que el alquiler del piso, valorado en 2.700 euros mensuales y que Rodríguez ocupó entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, fue sufragado por Aldama como parte de posibles favores a Ábalos. En total, se estima que se abonaron más de 88.000 euros a través de sociedades y personas vinculadas a la trama, incluyendo a Luis Alberto Escolano, considerado testaferro de Aldama. Sin embargo, Rodríguez ha afirmado ante el juez Leopoldo Puente que desconocía quién pagaba la vivienda y que, cuando surgían problemas como averías, contactaba con Koldo García, exasesor de Ábalos, o con Escolano, desvinculando así al exministro de cualquier gestión relacionada con el inmueble.
En cuanto a su vinculación laboral con Ineco y Tragsatec, empresas dependientes del Ministerio de Transportes y de la SEPI respectivamente, Rodríguez ha admitido que no acudió a su puesto de trabajo en ninguna de las dos, a pesar de haber estado en nómina. Según ha relatado, tras ser contratada —presuntamente gracias a la intervención de Joseba García, hermano de Koldo— le indicaron que la llamarían para incorporarse, pero esto nunca ocurrió. Estas contrataciones son objeto de investigación por posibles enchufes, dado que Rodríguez, estudiante de Odontología en aquel momento, no contaba con experiencia relevante para los puestos administrativos que ocupó.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración, que duró unos 45 minutos, han destacado que Rodríguez se mostró visiblemente afectada durante el interrogatorio y mantuvo una postura consistente en no implicar a Ábalos, alineándose con las versiones previamente ofrecidas por el exministro y Koldo García. La UCO, por su parte, considera que el pago del alquiler y las contrataciones forman parte de las supuestas contraprestaciones que la trama corrupta ofreció a Ábalos a cambio de favores en adjudicaciones públicas, como los contratos de mascarillas durante la pandemia.
El caso sigue abierto, y la declaración de Rodríguez no ha despejado todas las incógnitas. Mientras Ábalos, actualmente diputado en el Grupo Mixto tras abandonar el PSOE, niega cualquier irregularidad, la investigación continúa analizando el alcance de las relaciones entre los implicados y las pruebas documentales que apuntan a un posible entramado de corrupción en el Ministerio de Transportes durante su mandato.