El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, denunció en una entrevista en Canal Sur la exclusión de su municipio de la Comisión Bilateral entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía que debate el futuro del polémico Hotel Algarrobico, un proyecto declarado ilegal por los tribunales y que amenaza con una indemnización millonaria. Hernández exigió ser escuchado en las negociaciones, advirtió del riesgo de quiebra municipal y reclamó solidaridad institucional para resolver un conflicto que "afecta principalmente a los ciudadanos".
El primer edil criticó que, desde la creación de la Comisión en 2011, el Ayuntamiento nunca ha sido convocado: "Nunca se nos ha invitado. Somos un convidado de piedra que se entera de lo que hablan a través de los medios". Hernández insistió en que Carboneras, municipio donde se ubica el hotel, debe estar presente: "Los máximos perjudicados somos los ciudadanos de Carboneras y la comarca del Levante almeriense".
Frente a la presión judicial para anular la licencia de construcción –otorgada en 2003–, el alcalde argumentó que la responsabilidad es compartida: "La pelota está en el tejado de las tres administraciones. En su día, la licencia tuvo los parabienes de la Junta, el Gobierno central –que subvencionó el proyecto– y este Ayuntamiento". Recalcó que el Tribunal Supremo ahora exige revisar la licencia, un proceso que iniciarán "en las próximas semanas" pese a limitaciones de personal: "Compartimos secretaría con Níjar y no tenemos arquitecto municipal. Estamos firmando un convenio con Garrucha".
Sobre la posible indemnización a la promotora –Azata del Sol–, Hernández detalló: "Las reclamaciones rondan entre 70 y 100 millones". Una cifra inasumible para un municipio con un presupuesto anual de 15 millones: "Sería la ruina económica para décadas". Aunque dos sentencias rechazaron indemnizar, hay procedimientos abiertos. Por ello, pidió reparto de responsabilidades: "Hemos pedido reuniones a la Junta y al Ministerio. Todos participamos en el error y debemos resolverlo solidariamente".
El alcalde reconoció el fracaso urbanístico: "El Algarrobico es el paradigma del urbanismo salvaje", pero abogó por buscar utilidad al edificio ya construido: "Quienes vivimos aquí creemos que, una vez construido, es una pena derribarlo. Se hizo para crear empleo y riqueza". No obstante, subrayó que acatarán las decisiones judiciales: "Hoy no pedimos el derribo, pero cumpliremos lo que dicten los tribunales".
Hernández lamentó la polarización entre la Junta –partidaria de anular la licencia– y el Gobierno central –que propone expropiar–: "La solución requiere sintonía entre las tres administraciones. Llevamos 20 años sin resolverlo". Y concluyó con un llamamiento: "Deben escuchar a los más perjudicados: nuestra gente. Este hotel ha dañado la imagen de Carboneras, un pueblo costero de casas blancas sin urbanismo descontrolado".
Mientras Carboneras aguarda una solución, el fantasma de la indemnización y el pulso judicial mantienen en vilo a un municipio que clama por no pagar solo las consecuencias de un error colectivo.