Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, ha reiterado este martes que la vía más ágil para demoler el hotel de la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) es la anulación de su licencia de construcción, tal como establecen sentencias judiciales, en lugar de recurrir a una expropiación, propuesta recientemente por el Ejecutivo central. Sus declaraciones se producen horas antes de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento, creada para coordinar la recuperación de este espacio costero.
Durante una intervención en Sevilla tras impartir la conferencia *'Los retos para seguir transformando Andalucía'*, España cuestionó el cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez, que ahora defiende la expropiación del polémico hotel, una medida que ya se intentó sin éxito durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. "Abogamos por el diálogo", afirmó, aunque subrayó que la solución "rápida, efectiva y real" pasa por invalidar la licencia, tal como, según ella, "también lo veía así el Gobierno de España anteriormente".
La portavoz andaluza se refirió así a la propuesta de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, quien justifica la expropiación al considerar que el inmueble invade 100 metros de dominio público marítimo-terrestre, competencia estatal. España, sin embargo, expresó desconcierto ante este giro: "Algo ha debido de ocurrir" para retomar una opción que, según recordó, se descartó en el pasado por ser "larga y susceptible de enquistarse en los tribunales".
La Comisión Mixta, convocada este martes, busca establecer un marco de colaboración entre la Junta y el Estado para resolver un conflicto que se arrastra desde 2006, cuando se paralizó la construcción del hotel por irregularidades ambientales. El Algarrobico, ubicado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la especulación urbanística en zonas protegidas.
Mientras la Junta insiste en agilizar el proceso mediante la anulación administrativa, el Gobierno central apuesta por la expropiación, argumentando la protección del litoral. España avanzó que el objetivo de su equipo en la reunión será "conocer de primera mano los motivos" de este cambio de estrategia, aunque reafirmó su postura: "Las sentencias ya marcan el camino".
El desencuentro refleja la tensión política en torno a un caso que acumula 18 años de litigios, y cuyas soluciones chocan entre la urgencia administrativa y los procedimientos jurídicos. La resolución final podría sentar un precedente para futuros conflictos urbanísticos en espacios protegidos.