El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, cuyo principal objetivo es ampliar la oferta con 20.000 nuevas viviendas protegidas en un plazo de cinco años. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, presentó en el Pleno un plan de choque que se ha descrito como «hecho con diálogo, consenso y mucho esfuerzo», instando a los ayuntamientos a sumarse a las iniciativas que «facilitan y agilizan el desarrollo de suelo urbanizado para fomentar la construcción de vivienda protegida».
Díaz subrayó que la vivienda representa uno de los grandes desafíos contemporáneos y, ante la actual situación del mercado, el Gobierno andaluz ha optado por gestionar esta problemática mediante un decreto-ley que busca «incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles y garantizar el acceso a quienes más lo necesitan». En este contexto, lamentó que la crisis habitacional se ha visto exacerbada por una Ley de Vivienda del Gobierno central, que ha provocado un colapso en el mercado inmobiliario, reduciendo la oferta y generando inseguridad tanto para propietarios como inquilinos. «Jamás se había hecho tanto daño a la vivienda», afirmó.
En respuesta a estos retos, el decreto ley aborda cuestiones actuales relacionadas con la vivienda mediante soluciones efectivas que se integrarán en la futura Ley de Vivienda de Andalucía. Rocío Díaz destacó el papel crucial de los ayuntamientos en la planificación urbanística, dotándolos de herramientas para utilizar todo el suelo vacante disponible para uso residencial y adaptarlo a las necesidades locales con plenas garantías jurídicas.
Para ello, se han implementado cambios normativos que permitirán destinar solares o edificios actualmente utilizados como alojamientos turísticos u oficinas a viviendas protegidas. También se habilitará la opción de destinar suelos dotacionales privados o públicos sin un uso específico a viviendas protegidas en alquiler permanente, exceptuando aquellos destinados a educación o sanidad.
Además, el decreto ley contempla que las parcelas destinadas a vivienda libre podrán incrementar hasta un 20% su densidad si se convierten en protección oficial. Las parcelas ya clasificadas como vivienda protegida también podrán aumentar su densidad en un 20% y su edificabilidad en un 10%. La consejera enfatizó que será esencial contar con la colaboración activa de los ayuntamientos, quienes deberán adherirse a estas medidas mediante acuerdos municipales dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto-ley.
Los plazos establecidos son claros: dos años para solicitar licencias de obra y tres años para finalizar las construcciones. Asimismo, los municipios jugarán un papel fundamental en otra medida clave del decreto: la creación de una Bolsa de Suelo para Vivienda Asequible. Esta iniciativa busca ofrecer mayor transparencia sobre terrenos disponibles y potenciar la colaboración entre el sector público y privado. Inicialmente, participarán los municipios con más de 100.000 habitantes.
Díaz también mencionó otros aspectos relevantes como un procedimiento más ágil para seleccionar adjudicatarios mediante convocatorias específicas, lo cual acelerará el proceso. Además, Andalucía se posicionará como pionera al aplicar nuevos fondos reembolsables Next Generation destinados a facilitar la construcción de viviendas en alquiler asequible.
Otra novedad es que proyectos residenciales incluirán sus iniciativas dentro de la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos necesarios para construir viviendas protegidas. Para ser elegibles, estos proyectos deben contemplar al menos 250 viviendas protegidas o más de 500 si cuentan con reserva adecuada de suelo.
Finalmente, se ampliará el límite máximo de ingresos para acceder a viviendas protegidas bajo régimen general o limitado, facilitando así que más familias puedan optar por estas opciones frente al mercado libre. También se revisarán los coeficientes territoriales para promover una mayor construcción de vivienda protegida.
Díaz defendió que este conjunto integral de medidas surge «del diálogo y la eficacia», marcando un avance significativo desde 2019 cuando comenzó una transformación en las políticas habitacionales. Desde entonces, el Gobierno andaluz ha triplicado la promoción de viviendas protegidas, implementando medidas innovadoras como subvenciones por valor total de 311 millones de euros destinadas a 154 promociones dirigidas al alquiler asequible. Además, se han puesto en marcha programas como el Plan Ecovivienda enfocados en rehabilitación residencial y protección a colectivos vulnerables. «Este Gobierno es el que más ha hecho por garantizar el acceso a la vivienda en Andalucía», concluyó la consejera.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 20,000 | Nuevas viviendas protegidas en cinco años. |
| 20% | Aumento de densidad de viviendas para parcelas de vivienda libre si se destina a protección oficial. |
| 10% | Aumento de edificabilidad para parcelas de vivienda protegida. |
| 1 año | Plazo máximo para que los ayuntamientos se adhieran a las medidas. |
| 2 años | Plazo para solicitar licencia de obra. |
| 3 años | Plazo para finalizar las viviendas. |