El Ayuntamiento de Carboneras ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que continúa en la búsqueda de "asistencia técnica" para cumplir con los requisitos necesarios que permitan declarar los terrenos del paraje de El Algarrobico, donde se encuentra el hotel Azata del Sol, como "no urbanizables".
Salvador Hernández, alcalde de Carboneras, ha respondido a los requerimientos de la Sala de lo Contencioso-administrativo, que solicitó información cada diez días sobre el avance en la ejecución de una sentencia que obliga a la reclasificación de los sectores ST-1 y ST-2, este último correspondiente a El Canillar. Esta medida busca garantizar la protección urbanística y medioambiental de la zona.
El primer edil ha señalado que el Ayuntamiento no cuenta actualmente con un arquitecto municipal, lo que ha llevado a solicitar ayuda externa. Sin embargo, su petición a la Unidad de Asistencia a Municipios de la Diputación de Almería fue denegada debido a que se trataba de un informe destinado a un proceso judicial en el cual la Diputación no tiene representación ni defensa del Consistorio carbonero.
La Sala también ha requerido la corrección de varios aspectos señalados por organizaciones ecologistas y la Junta de Andalucía para modificar plenamente el plan general de Carboneras. Entre estos aspectos destaca la necesidad de publicar la normativa urbanística "corregida" en cumplimiento con la sentencia relacionada con los suelos incluidos en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
A pesar de las dificultades, Hernández ha manifestado ante el tribunal su "voluntad inequívoca" para cumplir con el mandamiento judicial. Ha indicado que está pendiente la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Garrucha, autorizado por el gobierno local carbonero, para encomendar al arquitecto municipal garruchense funciones en materia urbanística.
"Es intención de esta corporación local servir a los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho", afirmó Hernández, quien también destacó que se han acumulado casi cuatro años sin resolver esta pieza judicial.
Las alegaciones presentadas por el representante del Ayuntamiento junto con los documentos pertinentes han sido entregadas a la magistrada María del Mar Jiménez Morera. La ponente también instó al alcalde a identificar al funcionario encargado de llevar a cabo las acciones necesarias para clasificar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables.
La Sala ha emitido múltiples requerimientos al Ayuntamiento para corregir deficiencias en su planeamiento urbanístico que impiden declarar efectivamente como "no urbanizables" los terrenos afectados. Los demandantes sostienen que el Consistorio se limitó a incluir el contenido de la sentencia sin dar publicidad adecuada a los cambios necesarios.
Los colectivos ecologistas han subrayado que ya han transcurrido "cuatro años" desde que comenzó esta tramitación sin que se haya evidenciado interés por parte del Ayuntamiento en cumplir con lo ordenado por el TSJA. Greenpeace ha instado al tribunal a ejecutar directamente la sentencia debido al tiempo transcurrido y las tácticas utilizadas por el Consistorio, argumentando que no se ha cumplido ninguna resolución relacionada con el hotel.
La organización concluye que es necesario que sea la Sala quien lleve a cabo dicha ejecución si el Ayuntamiento sigue sin cumplir con los pasos requeridos.