Tras tres años de paralización, la investigación judicial por el denominado Caso Mascarillas en Almería ha retomado su curso con nuevas declaraciones ante el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad. Este martes, 18 de marzo, ocho de los 17 investigados por presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de un contrato de emergencia durante la pandemia comparecieron ante la justicia. El caso, que involucra a cargos públicos y empresarios, gira en torno a un acuerdo de 2.36 millones de euros con la empresa Azor Corporate Ibérica para la compra de material sanitario en 2020.
Entre los interrogatorios destacó la declaración de Kilian López Solé, administrador de Azor Corporate, señalado por la Guardia Civil como presunto beneficiario de una comisión de 945.297 euros. López Solé, quien negó en 2024 ante una comisión parlamentaria haber pagado sobornos, aseguró en los juzgados que su empresa ofertó "un millón de euros" por el contrato, afirmando actuar con transparencia. Junto a él, Roberto M.G., administrador de World Transport —empresa encargada de importar las mascarillas desde China—, declaró mediante videoconferencia desde Madrid. Su abogado, Alfredo Arrién, defendió que su cliente solo actuó como agente de aduanas, sin conocimiento del valor o estado del material.
De los ocho citados, seis ejercieron su derecho a no declarar, mientras que López Solé y Roberto M.G. respondieron exclusivamente a las preguntas de sus defensas. La investigación, impulsada por el juez tras un informe pericial que analiza movimientos bancarios y presuntos desvíos de fondos, busca esclarecer delitos contra la Hacienda Pública y la administración.
Implicaciones Políticas y Próximos Actos
El caso también sacude el ámbito político: este jueves declarará Óscar Líria Sánchez, exvicepresidente de la Diputación de Almería y figura central en la adjudicación del contrato. Detenido en 2021 y expulsado del Partido Popular (PP), Líria reconoció en su momento su papel como intermediario, pero negó recibir comisiones. Junto a él, comparecerán su hermano y su tío, Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines (PP).
La trama judicial, en la que se han personado el PSOE, VOX y la propia Diputación, revela pagos sospechosos vinculados a la empresa de López Solé. Según la UCO, estos habrían sido canalizados a través de cuentas en Andorra y Luxemburgo. Mientras las defensas insisten en la regularidad de las operaciones, el juzgado avanza en la recopilación de pruebas, incluyendo facturas y documentos bancarios, para determinar responsabilidades en un caso que reactiva las sombras sobre la gestión de fondos durante la crisis sanitaria.
Con el foco en las próximas declaraciones, el Caso Mascarillas sigue poniendo a prueba la credibilidad de instituciones y partidos en un escenario donde la justicia busca separar la urgencia de la pandemia de posibles irregularidades.