El Juzgado de lo Penal número 6 de Almería ha dictado sentencia absolutoria para la mayoría de los acusados en un caso de delitos contra la salud pública y asociación criminal, derivado de una investigación vinculada al asesinato ocurrido en 2019 en Gádor (Almería), por el que cuatro integrantes del clan de Los Minos fueron condenados a penas de entre 21 y 42 años de prisión. La resolución, recurrible ante la Audiencia Provincial, anula pruebas clave por irregularidades en registros policiales y aplica el principio de cosa juzgada.
Según el fallo, al que ha tenido acceso este medio, dos de los acusados fueron absueltos tras invalidarse el registro en una vivienda de la calle Ossetia del Norte, realizado en mayo de 2019 sin autorización judicial. Los agentes ingresaron al domicilio —con la puerta abierta— sin consentimiento de sus ocupantes y sin evidencia de un delito en curso, pese a percibir olor a marihuana y observar un arma en el suelo. El tribunal determinó que la entrada fue "ilegítima", ya que no se constató un flagrante delito, y la descripción de los hechos en el informe policial resultó "confusa".
Otros dos procesados fueron exonerados al haberse juzgado previamente los mismos hechos en un proceso anterior ante el Juzgado de lo Penal número 5, donde una de ellas ya había sido absuelta. Además, ocho imputados por integración en grupo criminal quedaron libres de cargos al no acreditarse una estructura organizada con roles definidos. Cuatro de ellos también fueron exculpados de tenencia ilícita de armas, al no vincularse directamente las halladas con los acusados.
Solo tres de los ocho encausados recibieron condenas por delitos contra la salud pública, con penas de entre 6 y 12 meses, atenuadas por dilaciones indebidas y, en algunos casos, confesión. Los tribunales validaron las pruebas obtenidas en dos registros autorizados: en uno se incautaron 145 macetas de cannabis, sistemas de cultivo y cogollos valorados en 3.840 euros; en otro, 214 plantas y equipos por 6.520 euros, admitidos por su dueño.
La sentencia subraya que las irregularidades en los allanamientos y la falta de sustento probatorio determinaron la mayoría de las absoluciones, marcando un precedente sobre los límites de la actuación policial sin orden judicial. El caso refleja las complejidades legales en investigaciones que entrelazan violencia organizada y narcotráfico.