El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), ha solicitado a la secretaría municipal que elabore un informe detallado sobre el procedimiento necesario para revisar la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003. Esta revisión es crucial tras la sentencia que declaró nula dicha licencia, lo que abre la puerta a posibles acciones para demoler el hotel de El Algarrobico.
La petición se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) otorgara un mes al alcalde para iniciar el proceso de anulación de la licencia, como paso previo para llevar a cabo la demolición del controvertido edificio. En su providencia del pasado 9 de abril, Hernández opta por contar con un informe antes de comenzar el expediente administrativo directamente.
El regidor ha informado al TSJA sobre este enfoque, recordando que el tribunal le había advertido sobre multas coercitivas que podrían oscilar entre 150 y 1.500 euros, e incluso posibles responsabilidades penales si no se daba respuesta a su solicitud. La Sala también ha reiterado la necesidad de ejecutar la sentencia relacionada con la revisión de la licencia, en respuesta a una solicitud anterior de Azata del Sol.
El objetivo es cumplir con una sentencia firme que señala "vicios de nulidad" en la licencia original, lo cual es fundamental para proceder con la demolición del hotel y restaurar el área a su estado natural. Según el Tribunal Supremo, este lugar debió mantenerse inalterable.
A pesar de las solicitudes realizadas por los colectivos ecologistas y por Azata del Sol, existe oposición por parte de la Junta de Andalucía. Aunque esta última sostiene que anular la licencia sería el camino más corto para derribar el hotel, argumenta que solo el Ayuntamiento tiene autoridad para llevar a cabo este trámite debido al "principio de identidad", ya que fue este organismo quien recibió originalmente la obligación administrativa.
La licencia fue otorgada por la junta de gobierno local en enero de 2003 bajo delegación del alcalde en funciones. Además, se ha enviado al TSJA una corrección sobre errores en los documentos técnicos relacionados con el plan urbanístico que busca declarar como "no urbanizables" los terrenos donde se ubica El Canillar y El Algarrobico.
En otro ámbito, el Gobierno ha comenzado un proceso para expropiar parte del terreno donde se encuentra el hotel, así como el propio edificio, dado que invade dominio público marítimo-terrestre. Esta declaración fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y también se comunicó a través del Boletín Oficial de la Provincia y tablones municipales.
Desde el 2 de abril está abierto un periodo de 15 días para presentar alegaciones respecto a posibles errores en la identificación del bien a expropiar. Una vez finalizado este plazo, se determinará la necesidad de ocupación y se iniciará la fase correspondiente para establecer un justiprecio adecuado.
El Gobierno también ha instado a la Junta a seguir un procedimiento paralelo para expropiar los terrenos afectados dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde se estima que más de 16.000 metros cuadrados deben estar libres de edificaciones residenciales.
Cifra | Descripción |
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150 - 1,500 euros | Multas coercitivas que podría enfrentar el alcalde. |
16,432 metros cuadrados | Superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral. |
32,654 metros cuadrados | Superficie total de la parcela según Catastro. |
15 días | Plazo de exposición pública para hacer alegaciones. |