Una señora de 83 años en Almería esperó más de un año y medio la ayuda de la dependencia de su marido con Alzheimer. Cuando llegó la resolución, ya era tarde: él había fallecido y ella apenas podía sostenerse en pie. No es una historia aislada, sino el reflejo de un sistema que falla cuando más se le necesita, y que obliga a esperar tanto que, a veces, no se llega a tiempo. Sobre todo, depende de dónde le toque a la gente esperar.
En Andalucía, una persona aguarda de media 20 meses para que se le reconozca la dependencia. Es la lista de espera más larga de toda España. En 2023, 4.055 andaluces murieron esperando, es decir, más de once personas al día. Mientras tanto, Moreno Bonilla lanza anuncios que no se cumplen y las familias siguen atrapadas en una burocracia que se convierte en abandono.
Frente a esta realidad, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado un anteproyecto de ley que llegará en breve al Congreso. Una reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad que busca eliminar esperas injustas, compatibilizar servicios, garantizar la teleasistencia como derecho, blindar la protección frente a recortes y priorizar la vida en el hogar frente al ingreso forzoso en residencias.
La ley también refuerza el papel de los cuidadores, reconociendo la labor de tantas mujeres, amigos o familiares que sostienen la vida de otras personas. Cuidar no debe ser una condena solitaria ni una carga económica, debe ser un derecho protegido y un compromiso colectivo que respete la dignidad de quien cuida y de quien es cuidado.
Ya era hora de cambiar el enfoque: pasar de tratar a las personas como cargas a reconocerlas como titulares de derechos. Por eso esta ley no habla solo de servicios, sino también de respeto, justicia y dignidad.
Pero esta transformación solo será real si todas las administraciones asumen su responsabilidad y la Junta de Andalucía no lo está haciendo. Se ha llegado a un límite en el que la espera se ha convertido en norma y el abandono en costumbre.
El Gobierno de España está haciendo su parte; ahora le toca cumplir al Gobierno de Moreno Bonilla. Porque cuidar y fomentar la autonomía personal es una obligación institucional, hablar de dependencia es hablar de vidas reales, de necesidades urgentes y de personas que no pueden seguir esperando, no pueden aguardar 20 meses porque, en demasiados casos, se paga con la vida.