Ahora que los tribunales han recibido una denuncia sobre las Unidades de Empleo de Desarrollo Tecnológico y Local (UEDTL) de la Junta de Andalucía, es un buen momento para tirar de hemeroteca y ver qué hemos publicado en Noticias de Almería sobre este asunto y analizar si alguien en nuestra provincia podría tener algún tipo de responsabilidad.
En concreto nos referimos a la delegada de la Consejería de Empleo, Adriana Valverde Tamayo, cuya gestión como presidenta de los consorcios en que se constituyen las UEDTL, si es ejemplo de lo que se hace en el resto de Andalucía, deja en evidencia que el escándalo sería aún mayor de lo denunciado.
A ver si no, cómo es posible que Valverde firmara un presupuesto de 37.300 euros para las Unidades de Empleo de Almería en “gasto corriente”, cuando en realidad carecían de personal y proyectos, como publicamos en septiembre de 2013.
Tras revisar los presupuestos de las ocho UEDTL para ese año, se establece que su personal para esta anualidad es cero, y que sus ingresos, en todos los casos, es vía “transferencias corrientes”. Eso sí, en todos también se deja claro que el dinero va a cubrir “gasto corriente”, lo que vendría a ser agua, luz, alquileres, teléfonos, material de oficina... lo cual choca con el hecho de que no tengan ni personal ni estén desarrollando ningún trabajo.
En diciembre de ese mismo año, contábamos que el 15 de noviembre debió ser de intenso trabajo para Valverde, ya que de una sentada aprobó y ordenó dar publicidad, a las cuentas de la UEDTEL de Alhama de Almería, de este organismo desde el año 2007.
Así, en aplicación del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dio luz verde a hacer pública la aprobación por el Consejo Rector del Consorcio en fecha 15 de noviembre de 2013, de la cuenta anual correspondiente al ejercicio 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, quedando la misma a exposición pública en las dependencias del Ayuntamiento Sede y en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, por el plazo de quince días, durante los cuáles y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, transcurrido el cual sin que se hubiesen presentado reclamaciones, reparos u observaciones, se considerará definitivamente aprobada.
Se da la circunstancia de que tanto la aprobación de esas cuentas como su exposición pública debe ser anual, y que tiene que ser el propio delegado del Gobierno andaluz al que en cada momento está adscrito el consorcio, quien debe visarlas, que es algo que evidentemente no ha ocurrido en unos años en los que entre otros, ha estado al frente de esta Consejería el socialista Manuel Recio, ahora parlamentario por Almería e imputado en uno de los sumarios de la jueza Mercedes Alaya sobre el desvío de fondos de la Junta de Andalucía.
¿Para qué se consigna dinero para los gastos de unas dependencias sin actividad y que en muchos casos son cedidas por los propios ayuntamientos? ¿dónde va el dinero de los proyectos si no hay quien los haga? ¿cómo es que hasta la disolución de los consorcios nadie se ha interesado por conocer las cuentas de los mismos? ¿y qué piensa la Unión Europea de todo esto teniendo en cuenta que han sido los principales sostenedores económicos de todo esto? Seguro que la Fiscalía sabe hacer más y mejores preguntas. Estaremos atentos a las respuestas, a no ser que como ya nos tienen acostumbrados cargos y excargos públicos de la Junta de Andalucía, se acogen a su derecho a no declarar... es decir, que cobran de nuestro dinero pero no colaboran con la Justicia en el esclarecimiento de delitos... ejemplar... ejemplares... de primavera.