Almería en la encrucijada

Esta es la situación en que se encuentra nuestra ciudad y provincia y, por ende, así está la sociedad almeriense del siglo XXI.
Cuando están a punto de cumplirse los plazos que la Constitución Española concede a los distintos Partidos Políticos para lograr un pacto de Gobierno, exigido tras los resultados electorales del pasado diciembre, y que, salvo sorpresas de última hora nada desdeñables, teniendo en cuenta las ambiciones de unos y otros, nos han de llevar a la repetición de las elecciones, Almería sigue viviendo sus propios problemas.
Estos días estamos asistiendo al peregrinar voluntarioso de los miembros de la Mesa del Ferrocarril por las capitales que deberían estar involucradas en la solución de tan grave carencia, por lo menos para que no puedan aducir ignorancia después de tantos años de abandono en este y en otros campos. Es de agradecer tal esfuerzo y ojalá que los resultados beneficiosos acompañen en el menor espacio de tiempo posible.
Pero los problemas de Almería no se quedan ahí. A las dificultades conocidas por todos para lograr la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana tras 12 años de gestión, verdadero plan estratégico de un territorio, con oportunidades para todos, desde el Urbanismo, para la mejora social y económica de nuestra tierra, que, desgraciadamente, siempre llega tarde a todo por unas u otras circunstancias, casi siempre no imputables a los ciudadanos. Ahí están las oportunidades perdidas con los equipamientos necesarios, leáse Hospital Materno-Infantil con primera piedra incluida, los Centros Comerciales previstos en el PGOU, los Convenios Urbanísticos de desarrollo, etc
Precisamente estos días hemos tenido conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dejado sin efecto, quizás para siempre, la construcción de un Centro Comercial, absolutamente necesario en Almería, y que se está levantando entre Torrecardenas y La Pipa. La implantación de este Centro, que en su momento podría dar trabajo a varios miles de personas, entre puestos directos e inducidos, con una inversión de varios centenares de millones de Euros, fue fruto de la gestión municipal con una firma solvente, plasmado en un Convenio Urbanístico, aprobado por mayoría, en el Pleno Municipal en el año 2006, que se consideró, y se considera aún, bueno para los intereses de la ciudad, con riguroso respeto a la Legislación vigente entonces. La ponencia del Tribunal, desoyendo lo que se había dicho y fallado a nivel provincial, aplica, apoyándose en una Ley del año 2012, la retroactividad a decisiones legitimas con la legislación existente en 2006. Ello provoca una tremenda inseguridad jurídica a las personas y a las Instituciones involucradas.
Todo el mundo sabe a lo que me dedico, por tanto, no soy jurista ni sé que soluciones tendrá el problema que no pase por la pérdida de esos miles de puestos de trabajo en momentos especialmente críticos para nuestra maltrecha economía.