Muy satisfecho por quedar al margen de los procesamientos, asegura que el caso de los ERE fue utilizado “en clave interna” para laminar a una generación encabezada por su "amigo" Manuel Chaves, de cuya honradez no duda. El expolítico y ahora empresario, rechaza la inmunidad parlamentaria pero ve como una "carrera" el afán por cortar cabecezas incluso en su partido, y mantiene que las dimisiones deberían producirse cuando se abre juicio oral, no antes.
Martín Soler ahora es sólo un empresario dedicado a la internacionalización de empresas, y funcionario en excedencia de la Junta de Andalucía. Hace un lustro estaba dedicado en cuerpo y alma a la política, donde lo llegó a ser casi todo en las filas del PSOE, y es que fue su secretario general en Almería, fue delegado de la Junta de Andalucía, parlamentario, senador, concejal en el gobierno y en la oposición, llegó a consejero y hasta hubo rumores más que fundados de que podría ser el sucesor de Manuel Chaves –“mi amigo”- al frente del Gobierno andaluz.
Pero cuando ya estaba en ese momento dulce, las cosas comenzaron a torcerse, y no es que fuera fulminado por quienes pretendían “acabar con una generación” de socialistas, es que además surgió el caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) fraudulentos, que según su “amigo” era “cosa de cuatro golfos”, pero ha acabado –en su primera pieza judicial- con más de una veintena de altos cargos socialistas imputados, entre los que se encuentran el propio Chaves y quien acabó siendo su sucesor en la presidencia del PSOE-A, José Antonio Griñán.
Soler fue consejero de Agricultura primero y luego de Innovación en aquellas fechas, y fue imputado –figura ahora recalificada como “investigado”- por la juez Alaya en este escándalo en el que –por resumirlo mucho- se crea un sistema mediante el cual la Junta de Andalucía pagaba el ERE a empresas en quiebra, pero del que ilícitamente se beneficiaron personas que eran incluidas como trabajadores de dichas mercantiles sin haberlo sido, y no sólo cobraban ellos, también lo hacían intermediarios políticos, sindicales y hasta empresariales.
Cuatro años después de su imputación el asunto, en lo que a él se refiere, ha quedado archivado, ya que los hechos que se le atribuyen –una subvención que él defiende como legal- se produjeron en fechas distintas a las que él tenía responsabilidad, tal como ya se reconocía en un auto en el que se anulaba la millonaria fianza civil solicitada por la juez.
El propio Soler sintetiza su devenir en esta historia recordando que “llegué a la Consejería de Innovación en diciembre, se elaboró el presupuesto del año 2010, del que teóricamente yo sería responsable, ese presupuesto se modificó con las llamadas transferencias de financiación que es lo que se ha entendido como “la madre del cordero” de si eso era legal o ilegal, y se cambió a encomienda de gestión, lo cual reconoce el juez que se hizo atendiendo a las recomendaciones de la Intervención de la Junta”.
Apunta en esa línea que en el caso de los ERE lo que puede haber son “irregularidades de carácter administrativo”, o también “discrepancias” en la interpretación de las leyes, y que no todo tiene que acabar en la vía penal, que puede ser que “haya que cambiar un procedimiento, asumir unas responsabilidades políticas, y Griñán y Chaves lo hicieron dimitiendo”. Y afirma contundente que “una cosa es eso, y otra que alguien se haya llevado el dinero, que es un delito, y me precio de conocer a Chaves y Griñán, y puedo decir, y no es corporativo, que estoy cien por cien convencido de que no se han aprovechado de ni un solo euro en su vida política, y en el caso de los ERE… mucho menos”. Admite “si ha ocurrido lo que se dice que ha ocurrido” que ha habido “un aprovechamiento de un sistema que probablemente haya tenido que corregirse, pero no es una aprovechamiento personal de cuentas en Suiza o en Panamá, de maletines y dinero negro”.
Cree que “se ha hecho una causa general contra los 25 años de un Gobierno, dos presidentes, veinte consejeros, treinta viceconsejeros, letrados de la Junta...” y resumen en que “es como si un día se sientan trescientas personas en la Plaza de San Telmo, a diseñar un sistema para delinquir, y eso no ha sido así”.
Para referirse a estos cuatro años, el expolítico –que rechaza volver a esta actividad pero que reconoce sentir pasión por ella- habla de “calvario” y de “infierno” del que al fin ha salido, pero no puede evitar expresar con cierta amargura que “en todo este proceso, de la dirección política de mi partido, nunca me ha llamado nadie, y del gobierno andaluz tampoco nunca me ha llamado nadie ni para decirme si necesitaba un papel, un documento”.
Sí le han llamado para felicitarle socialistas “anónimos” y no tanto, como el secretario general provincial, José Luis Sánchez Teruel, pero insiste en que “las personas con las que yo he hablado nos hemos sentido muy abandonados, y creo que eso no es bueno”. En ese sentido apunta a que al margen de lo que determine la Justicia, dentro del partido debía existir un grado de “confianza” sobre quienes gestionaban el Gobierno de Andalucía, pero que “hubo un momento en que este asunto de los ERE se usó en clave interna, para acabar con una generación que eran “los de antes”.
Sobre Susana Díaz, a quien sin decirlo a las claras responsabiliza de esa depuración generacional, cree que debería dedicarse a aquello para lo que ha sido elegida, y dejar “sus ambiciones de partido para los ratos libres”. Además está convencido de que ella ha ligado su futuro al resultado electoral que saque el PSOE el próximo 26 de Junio en las elecciones generales, y que en función del que sea “se abrirá el camino de la sucesión o no” un aspecto al que no da mayor importancia al recordar los muchos nombres que ha tenido la Secretaría General.
Tras su vivencia personal, Soler hace reflexiones sobre la situación a la que se está llegando en la “judicialización de la política”, y defendiendo que quienes se dedican a ella “tienen que ser ejemplares”, critica abiertamente esta “carrera” por cortar cabezas que parece haberse impuesto. Recuerda que el PSOE tenía en su código ético apartar del cargo a quien se le abriera juicio oral, pero ahora ve una especie de competición entre Susana Díaz y pedro Sánchez.
No duda en cuestionar el sistema judicial, argumentando que es mucho tiempo el que están abiertas las causas y por tanto cuestionados quienes están en ellas, lo que para un político es tanto como apartarle de la sociedad, porque si luego se archiva o se le absuelve, no puede volver. Pone su ejemplo, pero también los alrededor de nueve años de instrucción de la Operación Poniente, para él “incomprensible”, y habla de jueces influidos políticamente, y hasta llega a señalar que puede haber quien busque transmitir la idea de que sólo el poder judicial es quien debe imperar.
Eso sí, a pesar de todo lo que le ha pasado, cree que los políticos no deberían estar aforados, y que lo justo sería someterse a los tribunales ordinarios como cualquier otro ciudadano.
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