PSOE denuncia irregularidades en el aumento de tarifas de agua en Níjar

La portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el municipio ha anunciado la intención de impugnar la reciente subida de tarifas del suministro de agua. Según su perspectiva, esta medida forma parte de un plan que restringe los derechos de los ciudadanos sobre este recurso vital. “Ya han convertido la sanidad en un negocio, no vamos a permitir que hagan lo mismo con el agua”, expresó.

Pérez argumenta que la situación actual refleja una estrategia para apoderarse del agua que legítimamente pertenece a la comarca. Asegura que el alcalde, quien llegó al poder gracias a apoyos de la ultraderecha, ha tomado decisiones que benefician a grandes corporaciones, como transferir dos millones de euros a Aqualia, la empresa adjudicataria del servicio. Además, prorrogó la concesión por varios años, lo que convierte a los ciudadanos en rehenes de un contrato cuya calidad es cuestionable.

Denuncias sobre el proceso tarifario

La portavoz socialista también señala que hay un interés particular en nombrar al alcalde presidente de la Comunidad de Usuarios, sugiriendo una conexión entre el PP y Aqualia. “¿Quién se beneficia realmente? Esto no responde a las necesidades del sector agrícola ni a los intereses de los ciudadanos,” afirmó.

En respuesta a esta situación, el PSOE se propone utilizar todos los recursos legales disponibles para frenar el incremento del precio del agua. Pérez sostiene que el procedimiento seguido para revisar las tarifas infringe principios legales fundamentales al carecer de informes técnicos independientes, tal como exige la normativa vigente.

Irregularidades en los informes

El partido fundamenta su postura en una sentencia del Tribunal Supremo que establece que cualquier modificación de tasas municipales debe estar respaldada por un informe técnico-económico elaborado o ratificado por funcionarios cualificados. En este caso, Pérez denuncia que tanto la "Memoria Económica" como el "Informe Económico Financiero" fueron producidos únicamente por EMANAGUA y Aqualia, sin intervención técnica municipal.

Pérez subrayó las graves irregularidades presentes en el expediente municipal 11385/2024, indicando que carece de un informe técnico-jurídico independiente necesario para asegurar que las tarifas propuestas cumplen con principios como el equilibrio económico y la equidad tributaria. “Estamos ante un procedimiento donde Aqualia justifica unilateralmente una subida sin supervisión técnica,” denunció.

Cuestionamientos sobre costos adicionales

Uno de los puntos más polémicos es la inclusión de costos relacionados con una nueva estación depuradora. Aunque se reconoce su posible impacto en el equilibrio económico del contrato, no se han presentado datos ni análisis suficientes para justificar la magnitud del aumento propuesto.

Pérez respalda su acción en fallos judiciales anteriores que anularon modificaciones similares en otros municipios, señalando que los informes elaborados por concesionarias sin ratificación municipal no garantizan imparcialidad ni control adecuado para proteger los intereses ciudadanos.

Alegaciones y demanda de transparencia

Antes de considerar acciones judiciales, Pérez ha presentado alegaciones durante el pleno municipal, advirtiendo sobre las posibles consecuencias legales. “Se está tomando una decisión contraria a lo establecido por el Tribunal Supremo y se vulneran los derechos ciudadanos,” declaró.

La oposición ha solicitado retirar este punto del orden del día para revisar nuevamente el expediente con participación adecuada de los órganos técnicos. “Esto no solo trata sobre el precio del agua; es una lucha por la transparencia y legalidad en nuestra administración pública,” concluyó Pérez.

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