La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado este jueves en el Parlamento la incorporación de 34 trabajadores sociales en los servicios territoriales de dependencia. Este aumento de la plantilla de estructura se materializará a lo largo de este mes y evidencia el compromiso del Gobierno andaluz con el sistema público de dependencia, el cual está inmerso en un proceso de cambio para mejorar la atención y respuesta al ciudadano.
Durante su comparecencia, la consejera ha explicado los avances incorporados al sistema de dependencia a lo largo de esta legislatura, los cuales eran necesarios porque “nos encontramos en 2019 con un sistema obsoleto y totalmente colapsado”, al tiempo que ha asegurado que el decreto de simplificación administrativa llevará aparejados resultados positivos porque las medidas buscan reducir tiempos y agilizar trámites, aspectos clave para los ciudadanos en situación de dependencia y sus familias.
Asimismo, la titular de Igualdad ha adelantado que los próximos datos que publique el Imserso relativos al mes de noviembre recogerán “más personas atendidas, más prestaciones y menos días de espera” en Andalucía. De hecho, ha asegurado que, por primera vez, se superarán los 290.000 beneficiarios. En este punto, ha recordado que ya en octubre el número de personas atendidas fue un 35 por ciento superior respecto al dato de 2018 y las prestaciones crecieron un 53 por ciento respecto al último gobierno socialista.
Entre la batería de medidas para el impulso de la dependencia, la consejera ha hecho hincapié en “la revolución digital” que está experimentando el servicio de la teleasistencia, que se basa en combinar el tradicional botón rojo con sensores, Big data e inteligencia artificial para contar con un sistema personalizado y predictivo de atención. En concreto, se instalarán más de 400.000 sensores en más de 100.000 viviendas (sensores de puertas, de movimiento, de consumo eléctrico, etc). De esta manera se podrá actuar cuando se pulse el botón rojo y se podrán anticipar otras actuaciones con estos nuevos dispositivos.
Además, López ha remarcado algunas de las medidas puestas en marcha como la subida medida del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio en un 24,2 por ciento respecto a lo que se pagaba con el gobierno socialista; o el incremento del precio/plaza concertada en los centros de día y centros residenciales en un 21 por ciento en el caso de las plazas para mayores y del 24% de media en el caso de personas con discapacidad con respecto a 2018. Además, se han creado 4.553 nuevas plazas residenciales frente a las 283 creadas en la última legislatura del PSOE.
Por ello, ha asegurado que en esa senda de cambios necesarios y estructurales que precisaba el sistema se encuentran las mejoras incluidas en el decreto de simplificación como reducir de cinco a uno los programas informáticos para unificar toda la información, así como se ha fijado en una sola visita domiciliaria el procedimiento de valoración y resolución de la dependencia.
Apuesta inversora
Por todo ello, le ha pedido a los grupos de la oposición que recuerden la compleja situación que había antes en el sistema con “34.000 personas expulsadas del mismo; 200.000 en listas de espera y con informes del Defensor del Pueblo Andaluz en 2016 y 2018 señalando que se incumplía la ley de dependencia”.
Frente a esta coyuntura, el Gobierno andaluz decidió apostar firmemente por el sistema de dependencia, el cual cuenta con el mayor apoyo financiero de la historia. En los presupuestos autonómicos de 2025 se destinan 2.331 millones, un 19 por ciento más que en 2024. Esto supone que la Junta aportará el próximo año el doble que el Ejecutivo central pese a que la norma establece que la financiación debe ser en porcentajes iguales.
López, que ha incidido la importancia de que cuente con una financiación justa y estable, ha lamentado el impacto que va a tener la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 en el sistema. El pasado año, por ejemplo, el sistema de dependencia contó con 200 millones menos por parte del Estado por la prórroga de los PGE e incluso el propio ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reconoció que la ausencia de presupuestos supondría “cientos de millones menos” para la dependencia.
Exigencia al Gobierno
Así, ha parafraseado a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien como consejera andaluza aseguró “si el Estado se retira de la dependencia, la dependencia no tendrá futuro”. Estas palabras, a su juicio, ponen de relieve la necesidad de una financiación justa y ha reclamado a los parlamentarios socialistas que se sumen a la exigencia del Gobierno andaluz para que las personas en situación de dependencia y sus familias tengan lo que se merecen.
De otro lado, la consejera se ha referido a las enmiendas a los presupuestos de la Junta efectuadas por el PSOE que conllevarán un empeoramiento del sistema de dependencia. En concreto, López ha advertido que las propuestas socialistas plantean detraer partidas del mantenimiento de las residencias públicas o del sistema de teleasistencia, por ejemplo. “Lo que propone el PSOE es cargarse la teleasistencia”, ha enfatizado la consejera. Ante esto, ha señalado que la dependencia requiere que todos los grupos remen en la misma dirección y sumen esfuerzos.
Por último y respecto al copago, la consejera ha dejado claro que “no es intención de la Junta aumentarlo”, al tiempo que ha recordado que el copago fue incorporado al sistema durante la etapa de gobiernos socialistas.
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